El Gobierno español tenía la ocasión de sacar al país de la esquina a la que en Bruselas castigan a aquellos estados que cruzan la frontera entre el lugar donde los presupuestos públicos nacionales son examinados con fines sólo preventivos y aquel otro donde la eurozona saca la fusta e impone tratamientos a base de recortes del gasto y subidas de impuestos.

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha anticipado que España cumplió en 2017 el objetivo de reducción del déficit público marcado desde Bruselas, situándolo en el equivalente al 3,07% del producto interior bruto (PIB). Es un cumplimiento excepcional en la ejecutoria de todos los gobiernos desde el año 2009, cuando el país quedó bajo la disciplina del llamado Protocolo de Déficit Excesivo (endurecido a partir de una reforma de 2012) al superar el listón del 3%.

Se ha escrito que esta vez las cuentas públicas del Estado estaban en condiciones de haber cerrado 2017 en ese 3%, con lo que España habría abandonado el rincón del déficit, del que con seguridad sí va a salir Francia (2,8%), convirtiendo a España, presumiblemente, en el único país de la zona euro sujeto a ese grado de disciplina y vigilancia, el último en abandonar un club que tuvo no pocos miembros durante la Gran Recesión.

Lo peculiar del caso es que, puede decirse, España va a seguir ahí por voluntad e interés del Gobierno, no por imposibilidad de absorber siete centésimas de PIB en el cierre de las cuentas, como por otra parte ansiaba la Comisión Europea para consumar un hito de la eurozona: que el conjunto de los países quedara liberado del correccional, algo que sería interpretado como un éxito reputacional de la región monetaria, tan necesitada de ellos.

Pero al ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, y al Gobierno le preocupa menos el borrón en la reputación de España y de la UE que las consecuencias de la siguiente paradoja: por las circunstancias macroeconómicas en las que está el país (crecimiento del PIB superior al 3% en estos años) y por las reglas preventivas del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, el Ejecutivo podría verse en la obligación de tener mayores obligaciones de ajuste presupuestario y austeridad estando con el déficit en el 3,07% que sin superar el 3%. Es así porque Bruselas "recomienda" reducciones adicionales del llamado déficit estructural (el que no depende del ciclo económico) a los países que muestran un dinamismo notable.

Hubo cierta discusión dentro del Gobierno sobre si cerrar las cuentas con una décima para arriba o para abajo. Esto último lo quería más bien Luis de Guindos, quizá para dar una vuelta al ruedo en los despachos comunitarios en su camino hacia la vicepresidencia del Banco Central Europeo (BCE). Ganó la tesis contraria, de Montoro y también de Rajoy. El presidente del Gobierno es hombre de fe en los presupuestos y a ellos se va a encomendar en busca de impulso político y preelectoral tras un año de erosión en la calle y en las encuestas. La lista de óbolos para 2018 está escrita: rebajas fiscales para los jubilados, subidas de sueldos para los funcionarios y en especial para los de la Policía y la Guardia Civil... A ver qué dice Bruselas de todo ello.