El comité de expertos que asesora al Ministerio de Energía sobre los posibles escenarios de transición energética para la descarbonización de la economía sostiene que el servicio de interrumpibilidad -por el que las empresas electrointensivas reducen o suspenden su consumo de energía cuando el sistema no logra atender la demanda a cambio de compensaciones económicas- es "una reserva de último recurso que cobra una especial relevancia en el sistema eléctrico español". El grupo de 14 sabios resalta en su informe que el mix energético en España se caracteriza por una fuerte presencia de energías renovables, que presentan "una fuerte intermitencia, variabilidad y falta de firmeza", y por una "débil interconexión" con el resto del sistema eléctrico europeo. "Resulta importante tener en cuenta que la capacidad de intercambio de España (3% de la potencia instalada) está muy por debajo del objetivo marcado por la Unión Europea en el Consejo Europeo de 2002 (10% de la potencia instalada)", reza el documento entregado por el comité de expertos el pasado lunes al ministro de Energía, Álvaro Nadal.
De esta forma, los profesionales del sector eléctrico defienden la continuidad de la interrumpibilidad, el servicio al que recurren grandes industrias como Alcoa -con una planta en A Coruña con 400 trabajadores- para abaratar su factura eléctrica y poder ser competitivas. El informe recuerda que el servicio de gestión de la demanda de la interrumpibilidad está a disposición del operador del sistema -la firma semipública Red Eléctrica de España (REE)- "como instrumento de último recurso para evitar impactos negativos sobre el funcionamiento seguro del sistema eléctrico cuando no es posible mantener el ineludible equilibrio consumo-generación actuando sobre el incremento de esta última variable". Es decir, permite actuar ante apagones del sistema.
Los expertos que asesoran al Gobierno sostienen, sin embargo, que la interrumpibilidad debería integrarse progresivamente en un esquema "coherente" en el que la provisión de servicios "desde el lado de la oferta, la gestión de la demanda y los procedimientos de hibernación" garanticen el equilibrio del sistema "con distintos plazos y al menor coste posible".
El documento también recuerda que con la configuración actual del servicio el operador del sistema activó la interrumpibilidad para mantener la seguridad del sistema "como consecuencia de restricciones zonales, que hubieran podido derivar en una pérdida de suministro".
Mayor competencia
El grupo de 14 sabios hace además una pequeña apreciación sobre el sistema de subastas diseñado para asignar el servicio y repartir los incentivos eléctricos entre la gran industria y defiende que, aunque ya se realiza mediante un procedimiento competitivo, "el refuerzo de esa característica se presenta como un elemento de diseño necesario en el que se debería profundizar a corto plazo". En esa modificación de las pujas, para favorecer una mayor competencia, los expertos instan al Gobierno a tener en consideración "un contexto más amplio de implementación de los mecanismos de capacidad y reservas estratégicas".
El informe sobre la transición energética incide así en un aspecto ya planteado anteriormente por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia: la necesidad de elevar el número de postores por los lotes de mayor tamaño del servicio de interrumpibilidad.
El Gobierno ya respondió en parte a estas exigencias, como publicó este diario, al modificar levemente la próxima subasta (que se celebrará en mayo para asignar el servicio entre el 1 de junio y el 31 de diciembre) con la eliminación de los bloques de mayor tamaño -de 90 megavatios (MW), los mejor remunerados, a los que aspiraba Alcoa- y la creación de otros de 40 MW. Este cambio, explicó el director general de Operación de REE, Miguel Duvison, a finales de marzo, permitirá "más que duplicar" la competencia por los paquetes más grandes respecto a las pujas anteriores. Una situación que complica que la aluminera estadounidense pueda obtener un buen resultado.
