Los transportistas gallegos han iniciado los trámites para ser indemnizados por el dinero que pagaron de más en la compra de unos 5.000 vehículos como consecuencia de los acuerdos secretos para inflar precios del cártel de fabricantes de camiones que operó en Europa entre 1997 y 2011. Es la estimación que hace el sector al cierre del plazo para reclamar los daños, que concluye hoy, cuando se cumple un año desde que Bruselas publicó la sanción a DAF, Daimler-Mercedes Benz, Iveco, MAN y Volvo-Renault por estas prácticas ilegales.
Las primeras demandas, algo más de un centenar, ingresaron en los juzgados gallegos este año. Pero la gran mayoría de los casos está en los trámites previos: han cursado reclamación ante las compañías y realizan un peritaje para acreditar los daños y perjuicios. Solicitan entre 8.000 y 10.000 euros por vehículo. Las indemnizaciones a los camioneros gallegos pueden sumar entre 40 y 50 millones de euros.
Dos asociaciones profesionales canalizan la mayor parte de las reclamaciones en Galicia. A la Federación Galega de Transportes (Fegatrans) acudieron unos 500 asociados para tramitar reclamaciones por 2.000 vehículos, medio millar de ellas en el último mes. "Los días antes de Semana Santa fueron de locos; recogimos muchísima documentación", constata su coordinador, Alberto Vila. En la Federación Empresarial de Transporte de Mercancías por Carretera de Galicia (Fetram) el proceso se inició antes y las cifras apenas variaron en lo que va de año. Su presidente, Antonio Señarís, explica que suman unas 1.500 reclamaciones, que corresponden a 300 socios, ya que la mayoría de los transportistas afectados ha sufrido el fraude en la compra de varios vehículos.
Fuera de las dos agrupaciones mayoritarias, hay otros camioneros que reclaman por su cuenta o con el apoyo de entidades más pequeñas. "En total, en Galicia son más de 5.000 seguro", calcula Vila. A la vista de los primeros resultados del peritaje, estima que el fraude rondó el 10% del valor del vehículo. "En una cabeza tractora que pudo costar 80.000 euros, el daño es de 8.000", ejemplifica. Los fabricantes que formaban el cártel del camión pactaron precios inflados y retrasaron intencionadamente la equipación de tecnologías de reducción de emisiones, causando más consumo de carburante y más gasto.
Los fabricantes MAN, DAF, Daimler, Volvo-Renault e Iveco admitieron el comportamiento ilícito por el que la Comisión Europea les impuso una multa récord de 2.930 millones en julio de 2016. Scania, en cambio, negó su participación en el cártel de camiones europeo y rechazó colaborar en la investigación, pero no se libró de la multa. El pasado septiembre Bruselas sancionó a la compañía sueca con 880,5 millones, lo que eleva la cifra global a 3.810,5 millones. Sin embargo, Scania reclamó y la sanción todavía no es firme ni se publicó en el Diario Oficial de la Unión Europea, por lo que los compradores afectados por esta marca todavía podrán presentar las reclamaciones más adelante.
La cifra final de reclamaciones en Galicia, unas 5.000, está muy por debajo de los 30.000 camiones que estimaba inicialmente el sector que estaban afectados por el cártel. Fegatrans lo achaca a la complejidad que supone en algunos casos acreditar el perjuicio, con documentación de vehículos que fueron comprados veinte años atrás.
La mayor parte de las reclamaciones de transportistas gallegos llegarán a los juzgados a lo largo de este año. Un centenar de asociados de Fetram fueron los primeros en hacerlo en febrero, en los tribunales de A Coruña. Señarís estima que llegarán muchas más este mes, aunque no todas se presentarán en Galicia. "Cualquier juzgado europeo es competente y estamos estudiando acudir a Alemania u Holanda", explica, aunque prevé que la mayor parte se interpongan "en territorio nacional". También Fegatrans se plantea acudir a la Justicia de otros países europeos. En su caso, presentará las demandas después del verano, una vez que complete la peritación que Vila confía en tener lista "entre mayo y junio".
