El Banco Santander, CaixaBank y Bankia reclaman al Estado los 1.350 millones de euros que aportaron para facilitar el cierre del almacén submarino de gas Castor y que el Gobierno se comprometió a devolver en 30 años, "más los daños causados".
La reclamación llega después de que el Tribunal Constitucional declarara nulos varios artículos del real decreto-ley que permitió a Escal UGS, empresa controlada por ACS, cobrar una indemnización por la paralización del almacén de gas. Los bancos entienden que esta decisión judicial no debe ocasionar ninguna pérdida a quien ha financiado a los poderes públicos para facilitar una medida de interés general.
Las entidades financieras recuerdan que desembolsaron más de 1.350 millones para financiar el cierre del almacén de gas natural Castor, después de que una serie de seísmos despertasen alarma social entre los vecinos de las provincias de Castellón y Tarragona.
El Estado necesitaba ese importe para liquidar con la empresa concesionaria las inversiones realizadas en Castor y el Gobierno, con el popular José Manuel Soria al frente de la cartera de Industria, aprobó el real decreto-ley con el que extinguió la concesión, "hibernó" la instalación y reguló la compensación económica a la antigua concesionaria.
