Hace solo una semana un matrimonio de A Coruña fue sentenciado a tres años y medio de prisión por haber cobrado durante 23 años la pensión de discapacidad del padre de la mujer pese a que este había fallecido ya en 1991A Coruñapensiónfallecido. Defraudaron 68.000 euros a las arcas públicas. Sin llegar a estos extremos, en los que se llegó a falsificar la firma del difunto, los casos de picaresca en el cobro de pensiones no son aislados. La inspección de la Seguridad Social destapó el pasado año en Galicia el cobro fraudulento por parte de familiares o allegados de un total de 1.635 pensiones no contributivas de invalidez y jubilación cuyos titulares ya habían muerto. En los dos últimos años se anularon más de 3.200 prestaciones de este tipo tras descubrirse que el supuesto beneficiario estaba fallecido.
Estos fraudes se descubren con las revisiones de oficio que realiza la Seguridad Social cuando sospecha que han podido cambiar las circunstancias del pensionista que, por ley, o bien él mismo o su familia, están obligados a comunicar en el plazo de un mes cualquier cambio en su situación.
Durante el pasado año el Gobierno inspeccionó 6.936 pensiones no contributivas en Galicia y anuló 1.635 tras descubrir que su titular había fallecido. La Seguridad Social puede reclamar a la persona que las haya cobrado que devuelva los importes obtenidos irregularmente.
Sin embargo, el fallecimiento no es la única causa que puede justificar la cancelación de una pensión no contributiva. El pasado año el Gobierno retiró esta prestación a más de 1.500 pensionistas por haber superado el límite de ingresos que se fija como condición para ser perceptor de estas ayudas.
Haz click para ampliar el gráfico
Las pensiones no contributivas son aquellas que la Seguridad Social ofrece a las personas que no han cotizado nunca o lo han hecho de forma insuficiente. En Galicia hay 24.500 jubilados y 15.000 gallegos con invalidez que cobran esta modalidad de pensión.
La cuantía de estas prestaciones no es, en todo caso, muy elevada. Los jubilados cobran 358 euros de media al mes y los perceptores de una pensión no contributiva de invalidez reciben 396 euros. Precisamente por su escasa cuantía la Xunta complementa esta prestación con una paga anual de 216 euros al año.
Para poder percibir esta prestación es preciso, en todo caso, acreditar que no se supera un determinado nivel económico. Por ejemplo, en el caso de los jubilados, sus ingresos anuales deben estar por debajo de los 5.170 euros anuales, que pueden elevarse hasta los 40.000 si convive en un hogar con al menos cuatro miembros.
El Gobierno controla periódicamente que los beneficiarios se ajustan a estos topes de renta. Por un lado, los pensionistas están obligados a presentar en el primer trimestre de cada año una declaración de ingresos personales y de los demás miembros que integran la unidad familiar. Los profesionales de la Seguridad Social verifican la documentación para comprobar que se ajusta a los exigido. Como resultado de estos controles se le retiró la pensión no contributiva de jubilación o invalidez a 380 gallegos.
Y después están las inspecciones que hace la Seguridad Social de oficio y que acabaron con la retirada de otras 1.100 pensiones por superar el límite de ingresos. Una medida que ayuda a que el déficit del sistema público de pensiones no aumente aún más de lo que ya lo hace con el paso de los años.
REVISIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL
Mediante los controles de la Seguridad Social se vigila que los perceptores de pensiones no contributivas se ajustan a las condiciones para seguir recibiendo estas pagas. En algunos casos, se cancelan las prestaciones tras comprobar que los beneficiarios superan el límite de ingresos y, en otros, se modifican las cuantías de las prestaciones o bien a la baja, cuando aumentan las rentas obtenidas por el pensionista, o por el contrario se les incrementa la cuantía de la ayuda si su situación económica ha empeorado en relación con su anterior comprobación.
El año pasado las revisiones de la Seguridad Social supusieron cambios en las cuantías mensuales que cobran 3.600 pensionistas gallegos, 2.000 de ellos jubilados y casi 1.600 perceptores de pagas por invalidez.
Precisamente, el desembolso de la Seguridad Social para abonar las pensiones no contributivas ha descendido casi un 7% en ocho años. En 2017 el gasto para las arcas públicas para garantizar una pensión a estas personas que no han cotizado lo suficiente se situó en 210,2 millones de euros, 16 millones menos que la cuantía que se destinaba en 2011, en plena crisis económica.
MENOS PERCEPTORE
A pesar de que las pagas que cobran tanto jubilados como afectados por invalidez han crecido un 8% en los últimos ocho años, se está reduciendo el número de perceptores. De 45.300 pensionistas no contributivos que había en 2011 se ha pasado a menos de 40.000.
La situación de los pensionistas gallegos es más delicada que la del resto de comunidades pues la pensión media es de las más bajas del Estado y en el caso de las de jubilación, en la segunda menos cuantiosa. Además, la dependencia en la comunidad de las prestaciones no contributivas es mayor que en otras autonomías.
