El Gobierno modificó en 2014 el sistema de asignación de las primas que concede a grandes industrias como Alcoa por reducir o suspender su consumo de energía cuando el sistema no logra atender la demanda -el conocido como servicio de interrumpibilidad- y recurrió a un proceso competitivo, de subasta, con la finalidad, entre otras, de reducir el coste para las arcas públicas de la existencia del servicio. Sin embargo, de las cuatro temporadas eléctricas en las que lleva vigente el modelo de puja -2015, 2016, 2017 y la primera de este 2018- solo en la última (la subasta se celebró en diciembre del año pasado) se redujo el precio medio por megavatio y año adjudicado a las empresas electrointensivas. En el primer año de aplicación de este sistema el Ejecutivo abonó una media de 168.166 euros por megavatio y año a las firmas grandes consumidoras de energía como la aluminera Alcoa, un importe que subió en 2016 hasta los 173.973 euros y que volvió a incrementarse hasta los 176.420 euros el año pasado. Mientras, en la asignación del servicio para los primeros cinco meses de este año, el coste medio del megavatio bajó hasta los 143.393 euros al año, según los datos incluidos en el informe de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) publicado esta semana sobre la propuesta de orden del Ministerio de Energía para modificar levemente el sistema.

La evolución del precio medio en el caso de los bloques de mayor tamaño -los de 90 megavatios (MW), a los que aspiraba Alcoa y que desaparecerán en la próxima subasta- fue muy diferente, con un descenso constante de su importe por megavatio pese a que Competencia insiste en que es necesario elevar el número de pujadores y favorecer una mayor competencia por ellos. Si el megavatio de los bloques de 90 MW se asignó para la temporada eléctrica de 2015 a una media de 294.875 euros, un año después se colocó a 292.013 y para 2017 a 289.125 euros. Para los primeros cinco meses de este año el importe medio por megavatio y año cayó hasta los 235.167 euros, una cuantía que bajará previsiblemente en la próxima subasta -que se celebrará en mayo y asignará el servicio para el periodo que va del 1 de junio al 31 de diciembre- al sustituirse los bloques de 90 MW por otros de 40 MW, lo que duplicará el número de empresas aspirantes a hacerse con ellos. La mayor competencia favorecerá que los precios de asignación sean mucho más bajos.

En el caso de los bloques pequeños, de 5 MW, su oscilación fue mucho mayor al pasar de 121.725 euros el megavatio y año en 2015, a 134.808 euros al año siguiente, a 127.536 el pasado ejercicio y a 143.393 en el actual.

El desembolso total del Estado en estos cuatro ejercicios suma casi 1.700 millones sin contar los fondos que se comprometan en la subasta de mayo. En 2015 el Gobierno abonó 508 millones, en 2016 la cuantía se redujo a 503 millones, un año después subió a 525 millones y la asignación para los primeros cinco meses del año implica el pago de 155 millones. Con un resultado similar en la próxima puja -que en teoría será aún más dura que la del pasado diciembre-, el gasto total en este ejercicio ascendería a 372 millones, la cifra más baja desde que entró en vigor el sistema competitivo de asignación de la interrumpibilidad.

En la evolución del gasto global del Gobierno en esta materia tuvo mucho que ver el número de bloques adjudicados de mayor tamaño (de 90 MW) y mejor remunerados, que pasaron de ser nueve en 2015, a solo ocho al año siguiente, a diez el pasado ejercicio y nuevamente ocho de cara a los cinco primeros meses de 2018. En los siete últimos meses de este año los paquetes de mayor tamaño pasarán a ser de esos 40 megavatios, y aún se desconoce cuántos pondrá en liza el Ministerio de Energía, por lo que es difícil cuantificar su posible coste, aunque lo previsible es que abarate todavía más el coste del servicio para las arcas públicas.

El informe de Competencia sobre los cambios planteados por el departamento que dirige Álvaro Nadal para la próxima puja reprocha al Gobierno sus tardanza en modificar el sistema de asignación del servicio de interrumpibilidad y exige implantar medidas que favorezcan una mayor competencia entre las industrias participantes en la subasta. Ese análisis del superregulador recibió ayer las críticas del sindicato UGT, que mostró su "total oposición" al documento al considerar que pasa por alto "las partes del sistema que garantizan la libre competencia del sistema de asignación". El sindicato recuerda que en varias ocasiones denunció que el sistema de subastas es "imperfecto", al no garantizar la competitividad de las empresas españolas, pero remarca que es "la única medida compensatoria de las empresas electrointensivas del país", el único modo de reducir su factura eléctrica. Unas medidas compensatorias, insiste la central sindical, "similares a las que todos los estados miembros de la UE llevan a cabo en sus respectivos países (véanse los casos de Italia, Alemania y Francia)".

Mientras, tres grandes siderúrgicas españolas -Grupo Gallardo Balboa (Extremadura), Sidenor (País Vasco) y Siderúrgica Sevillana (Andalucía)- anunciaron ayer que recurrirán ante del Tribunal Supremo la nueva orden ministerial que regula la próxima subasta de interrumpibilidad por entender que se trata de un mecanismo "no competitivo", que "se ha ajustado sólo en beneficio de unos pocos".

La nueva orden que regula el sistema sustituye los bloques de 90 MW por otros de 40, "en teoría accesibles para un mayor número de empresas". Sin embargo, estas siderúrgicas consideran que al mantener "la misma exigencia de disponibilidad de dicha potencia interrumpible durante al menos el 91% de las horas de cada mes, sigue beneficiando a las empresas que antes optaban a los bloques de 90 MW".