Las condiciones en las que la industria electrointensiva desarrolla su actividad siguen administrándose a cuentagotas. El Ministerio de Energía acaba de publicar la resolución por la que fija del 21 al 25 de mayo la fecha de la segunda subasta de asignación del servicio de interrumpibilidad -por el que empresas como Alcoa reducen o suspenden su consumo cuando el sistema no logra atender la demanda a cambio de incentivos- para el ejercicio de 2018. Los bloques de mayor potencia bajan de 90 a 40 megavatios (MW) y se repartirán entre 18 y 26 para toda España. Solo Alcoa necesita 17 para funcionar a pleno rendimiento: cuatro para su fábrica de A Coruña, otros tantos para la de Avilés (Asturias) y nueve para San Cibrao (Lugo).

Según detalla el Boletín Oficial del Estado (BOE), la vigencia de estos incentivos abarca del 1 de junio al 31 de diciembre de este año. De los resultados que la aluminera obtenga en la puja dependerá la competitividad de la fábrica de A Grela. El Gobierno pone en liza dos tipos de bloques: los de 5 MW y los de 40 MW. En la puja de diciembre la potencia de los paquetes grandes ascendía a 90 MW. Al reducirse, ahora Alcoa tendrá de pujar con más competidores, ya que hay más factorías con capacidad para interrumpir este grado de consumo eléctrico. En esta subasta se repartirán entre 312 y 376 bloques de 5 MW (con un rango de potencia de entre 1.560 y 1.880 MW) y entre 18 y 26 bloques de 40 MW (con potencia de 720 a 1.040 MW). La puja es descendente y el precio de salida, 150.000 euros anuales por megavatio en el caso de los bloques pequeños y 200.000 para los grandes. De esta forma, en caso de adjudicarse el máximo de potencia establecida al precio de salida el Gobierno repartiría un total de 490 millones de euros en incentivos (282 millones en paquetes de 5 MW y 208 millones en los de 40 MW).

El sistema, criticado por la Comisión Nacional de Mercados y Competencia (CNMC) por su elevado coste y su complejidad, tampoco convence a la industria. Alcoa señala que acudirá a la subasta para hacerse con los máximos megavatios posibles, pero reclama "un marco de energía competitivo y estable en el largo plazo", homologable al de la "industria internacional", indican fuentes oficiales de la aluminera. Respecto a la pérdida de tamaño de los bloques, considera necesario que se reconozca "el valor de la industria de alta disponibilidad y que se retribuya de forma adecuada". En este sentido, la compañía argumenta que a lo largo de este año ha interrumpido su consumo eléctrico en varias ocasiones tanto en su fábrica de A Coruña como en las otras dos que posee en España y que estos parones han servido para "moderar el precio de la luz para el consumidor final". Recuerda que la producción de aluminio primario es la actividad con mayor gasto de electricidad de todo el sector industrial y que esta característica ha de tenerse en cuenta a la hora de distribuir los incentivos.

Los trabajadores están preocupados por la incertidumbre que genera una puja que una vez que se celebre solo despejará el horizonte hasta final de año, y por cómo esta inestabilidad puede afectar al empleo. La factura de la luz de la factoría de Alcoa a partir de enero seguirá siendo una incógnita y su peso en la competitividad de la fábrica es determinante. "Ha llegado a pagar más de 50 millones de euros al año en electricidad", recuerda el presidente del comité de empresa, Juan Carlos López Corbacho. Urge al Gobierno a adaptarse a los mandatos de la Unión Europea y poner en marcha otras herramientas para regular el recibo eléctrico de la gran industria, como primas por uso de energía renovable.