Los cambios introducidos por el Ministerio de Energía en la subasta de la interrumpibilidad -el servicio por el que las empresas electrointensivas como Alcoa se desconectan de la red cuando el sistema no logra atender la demanda a cambio de compensaciones económicas- traen varias malas noticias para la aluminera estadounidense y su fábrica coruñesa que complican su viabilidad. La primera de ellas, conocida a mediados de marzo, es la reducción del tamaño de los bloques más grandes y mejor remunerados -a los que aspira la multinacional- puestos en liza, que pasan de los 90 megavatios (MW) de la puja anterior a los 40 MW de la próxima, que se celebrará entre el 21 y el 25 de mayo para asignar el servicio entre el 1 de junio y el 31 de diciembre de este año. Esta reducción del tamaño favorecerá una mayor competencia al haber más empresas capaces de ofrecer esa reducción de potencia de golpe.

A esa novedad se suma otra mala noticia para Alcoa a la hora de competir con el resto de aspirantes a hacerse con los bloques de 40 MW: la resolución del departamento que dirige Álvaro Nadal publicada el pasado sábado en el Boletín Oficial del Estado ( BOE) implica que el precio de salida por megavatio y año de estos lotes sea un 26% inferior al de los de 90 MW asignados en diciembre del año pasado para los primeros cinco meses de 2018. El importe de salida de los paquetes de 40 megavatios será de 200.000 euros -cuantía que los pujadores podrán ir bajando, para adjudicarse el lote, en tramos de 1.000 euros-, una cifra un 26% por debajo de los 270.000 euros el megavatio y año de los que se partían en el proceso competitivo anterior.

De hecho, este precio de salida dejaba el año pasado un máximo de remuneración por un bloque de 90 MW en los 24,3 millones, cifra que en la próxima subasta -extrapolando la cuantía de los paquetes de 40 a los de 90- se quedaría en 18 millones para la misma potencia interrumpible.

Con estas dos medidas -tanto la reducción del tamaño de los lotes grandes como la rebaja en la remuneración de partida- el Ministerio de Energía hace un guiño a Bruselas y a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), que reclamaban una mayor competencia en la asignación de los incentivos eléctricos a las grandes industrias. Otra de sus demandas era la apuesta por un sistema más barato, algo que previsiblemente se cumplirá con la rebaja de los precios de salida.

Frente a esa reducción en los paquetes de mayor tamaño, la resolución publicada el sábado por el BOE mantiene el precio inicial de los productos más pequeños, de 5 megavatios, en los 150.000 euros el megavatio y año, igual que en la subasta celebrada en diciembre.

En los primeros cinco meses del año el Gobierno asignó el servicio de interrumpibilidad por 155 millones de euros con la colocación de 2.600 megavatios de potencia. Si en la subasta de mayo adjudica el máximo de 1.880 megavatios previsto en los bloques de 5 MW -estima repartir entre 1.560 y 1.880 megavatios- y al precio más alto posible -esos 150.000 euros el megavatio y año- gastaría en este producto un total de 164,5 millones entre junio y diciembre. Con la adjudicación máxima en los lotes de 40 MW -el Gobierno prevé entregar como mucho 1.040 megavatios y como mínimo 720- y al mayor precio posible, esos 200.000 euros el megavatio y año, el desembolso total en este lote para siete meses sería de 121 millones.

Esto significa que la próxima subasta implicará para el Gobierno un desembolso inferior a los 285,5 millones de euros para la prestación del servicio entre el 1 de junio y el 31 de diciembre y que, sumados a los 155 millones de los primeros cinco meses del año, dejan un gasto anual inferior a los 440 millones. Esta cifra queda muy por debajo de los 525 millones abonados a la industria en la temporada eléctrica de 2017 o los poco más de 500 millones de los dos ejercicios anteriores.