La reestructuración que vive desde 2008 el sector financiero como consecuencia de la crisis económica y de la transformación digital provocó el cierre de centenares de oficinas bancarias en toda España, una tendencia de la que no ha logrado escapar Galicia, afectada por procesos como la fusión de Caixa Galicia y Caixanova y su posterior conversión en NCG Banco (ahora AbancaAbanca), la adquisición del Banco Gallego por el Sabadell o la integración del Banco Pastor en el Popular, proceso que ahora se repite con la incorporación del Popular al Banco SantanderBanco Santander. La comunidad gallega perdió 959 sucursales bancarias entre 2008 y el año pasado, un 38% de su red, al pasar de las 2.512 contabilizadas al inicio de la crisis a las 1.553 que seguían abiertas en 2017, según un estudio elaborado por el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (IVIE). Galicia está levemente por debajo de la media española en cuanto al cierre de oficinas en el sector bancario, que es del 40%, al pasar de 45.662 en 2008 a 27.320 el pasado ejercicio.
Por provincias, la gallega con mayor reducción en su red de sucursales es Ourense, con un recorte del 46%, por delante de Pontevedra (que perdió el 41% de sus oficinas), A Coruña (-36%) y Lugo (-27%).
La dispersión geográfica y la escasa población en algunos municipios son dos de las causas del cierre de puntos de atención físicos, lo que, sumado a la crisis, ha provocado que los ayuntamientos gallegos que carecen de sucursales bancarias hayan aumentado un 65% desde el inicio de las dificultades económicas. El estudio realizado por el director adjunto del IVIE, Joaquín Maudos, revela que 43 de los 314 concellos de Galicia (casi el 14% del total) sufren la denominada "exclusión financiera", una situación en la que en 2008 había 26 ayuntamientos gallegos.
En cuanto a población, la afectada en la comunidad por esta ausencia de oficinas bancarias repuntó un 49% entre 2008 y 2016 (último año del que hay datos para esta estadística), hasta superar las 61.600 personas que sufren exclusión financiera en sus municipios, lo que equivale al 2,3% de la población gallega. En 2008 eran cerca de 41.300 los ciudadanos de la comunidad gallega que estaban en esta situación.
Por provincias, Ourense es la que más sufre esa ausencia de establecimientos financieros, con 26 concellos (de un total de 92, el 28,3%) y 30.310 personas (de una población de 314.800 habitantes, el 9,6%) sin acceso a una oficina bancaria en su localidad de origen. En segunda posición está A Coruña, con 11 municipios (11,8%) y 36.341 afectados, el 2,3% de su población. Mientras, la exclusión financiera se da en cuatro ayuntamientos lucenses (6%), lo que perjudica a 3.233 personas (1%), y en Pontevedra en dos concellos (3,2%), con 1.721 afectados, el 0,2% de su población.
A los 43 concellos y 61.600 gallegos que sufren exclusión financiera hay que sumar otros 90 municipios (el 28,7% de total) y 191.833 habitantes (el 7,1%) en Galicia que no pueden elegir la entidad financiera con la que operar pues solo cuentan con un tipo de establecimiento de depósito en su territorio. La mayor parte de ellos, 83 ayuntamientos y 178.186 personas, cuenta solo con oficinas de entidades herederas de las cajas de ahorros o bancos de fundaciones bancarias. En la mayoría de los casos se trata de sucursales de Abanca, que es la entidad que opera en muchos de esos concellos con una única firma financiera.
En otros tres municipios gallegos (que suman una población de 8.319 personas) solo hay oficinas de cooperativas de crédito y en cuatro (5.328 habitantes) únicamente de bancos. Estas cifras dejan como resultado que el 42% de los concellos (133 de 314) cuentan con una o ninguna sucursal bancaria en su territorio, lo que afecta al 9,3% de la población de Galicia, un total de 253.438 personas.
Pero la situación en el conjunto del Estado es aún peor: "Más de la mitad de los municipios de España carece de oficina bancaria y otro 15,8% dispone de una única entidad de depósito que ofrece servicios a través de sucursales", revela el informe del IVIE. En datos, 4.114 de los 8.117 ayuntamientos de España sufren esa exclusión financiera, lo que afecta al 2,7% de la población, 1.256.590 personas de las más de 46 millones que tiene España. A ellos se suman otros 1.281 municipios con un único tipo de entidad, situación que afecta a más de 1.400.000 personas, otro 3,1% de la población. Eso equivale a que dos tercios (el 66,5%) de los ayuntamientos españoles cuentan con una o ninguna oficina de entidades financieras en su territorio, una situación que afecta a más de 2.600.000 personas, el 5,8% de la población española.
"Las cajas de ahorros o bancos de las antiguas cajas siguen siendo las que más población rescatan de la exclusión financiera ya que ofrecen sus servicios en el 67% de estos municipios [con un único tipo de entidad de depósito], mientras que las cooperativas de crédito lo hacen en otro 21% de las poblaciones", indica el estudio elaborado por el profesor Maudos. Mientras, solo el 12% de los ayuntamientos con oficinas de una única entidad financiera fue rescatado de la exclusión financiera por un banco.
El informe sostiene que en el contexto de la reestructuración bancaria, "en el que ha sido necesario cerrar oficinas para asegurar la viabilidad del sector bancario y en el que previsiblemente se seguirán cerrando en los próximos años", es importante que tanto el sector financiero como las administraciones públicas adopten medidas para evitar la exclusión financiera. "El avance de la banca onlineonline es la mejor vía", indica Joaquín Maudos en referencia a las opciones de la banca, mientras que como tarea para la Administración apunta a la necesidad de "asegurar que el acceso a internet llega a toda la geografía española". Los colectivos más afectados por el cierre de oficinas son las personas mayores y con menor cultura financiera, concluye el estudio del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas.
