"No hay recursos" para subir las pensiones con la inflación, dijo Mariano Rajoy, presidente del Gobierno y del PP, el 23 de febrero, un día después de una de las grandes protestas de pensionistas. "Es fácil pedir que suban las pensiones pero si luego no hay recursos para ello, estaremos tomándole el pelo a la gente", agregó. "Es inviable y son críticas irresponsables. Los que lo prometen ofrecen un cheque en blanco", añadió el día 24.
El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, hizo un gesto el día 26 y ofreció una desgravación tributaria para los pensionistas de mayor edad. Pero al día siguiente, Rafael Hernando, portavoz del PP en el Congreso, fue tajante: "Pretenden hacer demagogia y reventar acuerdos con manifestaciones". Rajoy rechazó el 1 de marzo cualquier revisión de la reforma de las pensiones que aprobó su Gobierno en solitario en 2013: "Aún no hay recursos suficientes para subir más las pensiones". Y el 2 de marzo, Montoro atribuyó una "visión anticuada" a los partidos que quieren volver a ligar la subida de las pensiones al IPC: "Con el IPC no vamos a ningún lado", proclamó.
El 14 de marzo, trece días después de haber dicho que no había dinero para subir las pensiones más del 0,25%, anunció: "Antes no había dinero. Ahora empieza a haberlo". Aun así, siguió negándose a alzas generalizadas, aunque en el Consejo de Ministros del 30 de marzo, tras las manifestaciones del 17, aprobó mejoras para algunos grupos y niveles de renta.
El 23 de abril Rajoy mantuvo su negativa a una actualización generalizada de las prestaciones con el coste de la vida: "Eso es tomar el pelo a la gente con promesas de telediario". Dos días después, el 25, el PP pactó con los nacionalistas vascos subir todas las pensiones el 1,6% este año, revisarlas con el IPC el próximo, mejorar las de viudedad más del 3% y retrasar cuatro años (hasta 2023) la entrada en vigor del factor de sostenibilidadpensiones.
El coste de todas las concesiones para 2018 y 2019 suman 4.841 millones más de gasto público en un país que, con un déficit presupuestario del 3,1% del PIB en 2017, lidera el ranking europeo por indisciplina fiscal. El objetivo de reducción del déficit no se cumplirá en 2018: aun sin contar el impacto de la mejora de las pensiones pactada con el PNV, el descubierto se irá al 2,5%, según el FMI, y al 2,6%, según la UE, por encima del 2,2% comprometido. Y esto en un país que es ya el quinto con mayor deuda pública de los 28 de la UE, lo que constituye una gran vulnerabilidad en caso de cese de la compra masiva de bonos soberanos por el BCE, subida de tipos o ralentización económica. La deuda pública suma más de 1,158 billones: 421.045 millones más que cuando Rajoy llegó al Gobierno y 796.072 millones por encima de cuando estalló la crisis financiera internacional de 2008.
El envejecimiento demográfico, la mayor esperanza de vida, la mejora de las prestaciones y la reforma laboral de 2012 (que devalúa salarios y, por lo tanto, cotizaciones) ejercen una gran presión sobre la sostenibilidad del sistema público de pensiones, agravado por la destrucción de empleo durante la crisis (2008-2014) y por la caída de la población activa (suma de ocupados y parados) desde 2012: cuando Rajoy llegó al Gobierno había 23,44 millones de activos y hoy hay 22,67 millones.
