El servicio de interrumpibilidad -que prestan grandes industrias como Alcoa y que consiste en que las fábricas reducen o suspenden su consumo de energía cuando el sistema eléctrico no logra atender la demanda a cambio de compensaciones económicas- no es algo exclusivo de España sino que es un mecanismo que usan muchos otros países próximos para contrarrestar deficiencias en su sistema energético como la insuficiente producción o la escasa interconexión con el resto de Europa. Con él eliminan riesgos y mantienen la seguridad del suministro en caso de emergencia.
El modelo español tiene como misión principal actuar ante posibles fallos en la red y, desde este año, también abaratar el recibo del consumidor final, por lo que se activa la interrumpibilidad por criterios económicos cuando sale más barato recurrir a este mecanismo que dar entrada al pool eléctrico a fuentes de generación más caras. La asignación del servicio se produce mediante una subasta de orden descendente -gana el que esté dispuesto a ofrecerlo a un menor precio- y el coste anual de este seguro frente a apagones desde que se adjudica mediante puja -la primera subasta fue en 2014 con efectos sobre el año siguiente- ronda los 500 millones de euros con la adjudicación de cerca de 3.000 megavatios (MW) cada año.
El comité de expertos que asesora al Ministerio de Energía sobre la transición energética para la descarbonización de la economía defiende la "especial relevancia" del servicio en Españatransición energética ante la "fuerte intermitencia, variabilidad y falta de firmeza" de las energías renovables, a lo que se suma la "débil interconexión" con el resto del sistema eléctrico europeo, de sólo el 3%, por debajo del 10% marcado por la UE, pero también insta a elevar la competencia en el reparto de los incentivos eléctricos entre la gran industria con el objetivo de abaratar su coste. De hecho, el informe de este grupo de 14 sabios detalla las características de otros mecanismos de interrumpibilidad existentes en Europa, en países como Alemania, Francia, Portugal e Italia, y deja entrever que el sistema español es considerablemente más caro que el del resto de países de su entorno. Frente a los alrededor de 500 millones anuales invertidos en España, en Italia el coste de la interrumpibilidad para este año rondará los 254 millones, una cifra muy superior a la abonada por el Gobierno portugués a su industria en 2016 (104 millones), a los 96 millones previstos en Francia y a unos 39 que abonará Alemania este año por la prestación del servicio.
Las principales características de los mecanismos de interrumpibilidad existentes en Portugal, Alemania, Italia y Francia -recogidas en el informe del comité de expertos- son las siguientes:
EItalia. El regulador del sistema eléctrico italiano fijó una necesidad de recurso anual interrumpible para el trienio 2018-2020 de 3.300 megavatios en la Italia continental y añadió 600 MW anuales para las islas de Sicilia y Cerdeña. Las subastas del servicio realizadas en diciembre del año pasado asignaron esos 3.300 megavatios para Italia y 253 MW para las islas, pero posteriormente el regulador del sistema puso en liza 700 MW adicionales en territorio continental italiano para este año y cubrió 655 de ellos en una puja extraordinaria en enero pasado.
El sistema de subastas en Italia consiste en un proceso competitivo tipo "sobre-cerrado" con precio marginal y con una plataforma online. En el proceso salen a concurso dos tipos de producto, uno que se activa instantáneamente (en una milésima de segundo) y otro de emergencia (en menos de cinco segundos), y prevé un pago fijo asociado a la disponibilidad (el resultado de las subastas) que puede ser como máximo de 105.000 euros el megavatio y año para el producto instantáneo y de 60.000 euros para el de emergencia. En el caso del servicio para Sicilia y Cerdeña el pago máximo es de 126.000 euros por megavatio y año.
En esta parte fija del servicio, el Gobierno italiano prevé el pago de esos 254,4 millones de euros, pero la cifra podría ser superior o inferior en función del pago variable (algo existente también en España, que premia la disponibilidad), vinculado al número de activaciones del servicio. El modelo italiano prevé el abono de 3.000 euros adicionales por megavatio y año por cada interrupción del suministro eléctrico adicional a la décima registrada en ese año, pero también descuenta 3.000 euros por megavatio y año por cada interrupción no realizada si hay menos de diez cortes en todo el ejercicio.
EPortugal. El servicio de interrumpibilidad luso es una medida de eficiencia y gestión de la demanda "alternativa a la construcción de nuevas centrales de producción a efectos de dar una respuesta rápida y eficiente a eventuales situaciones de emergencia y a efectos de flexibilizar la operación del sistema y contribuir a la seguridad del suministro", según recoge el informe del comité de expertos de Energía.
El operador del sistema en Portugal activa el servicio desde dos horas antes o "sin preaviso", durante un periodo de entre una y doce horas, y las empresas prestatarias deben disponer de al menos 4 megavatios de capacidad de reducción del consumo, deben estar conectadas en alta tensión y no pueden desarrollar actividades cuya interrupción "pueda poner en riesgo la seguridad de las personas o de las instalaciones.
El mecanismo de contratación luso es bilateral, entre el operador del sistema y el consumidor (la empresa) y, al igual que el italiano, establece dos pagos, uno fijo y otro variable. El fijo está asociado "a la potencia interrumpible y se encuentra indexado al precio de la inversión y costes fijos de operación de los ciclos combinados". El pago variable, por su parte, está "indexado a los precios del mercado diario en los periodos de activación".
En 2016, revela el informe de los expertos, prestaron el servicio en Portugal un total de 50 consumidores, por un global de 680 MW y una retribución de 104 millones, pero la interrumpibilidad no se aplicó en ninguna ocasión. De hecho, remarca el documento entregado al Ministerio de Energía, "existe un requerimiento del Gobierno portugués para adaptar el servicio durante el año 2017, incorporando criterios de reducción de costes, garantía y seguridad del suministro y que estimulen la libre competencia", algo similar a lo que ocurre en España.
EFrancia. El país galo cuenta con el servicio de interrumpibilidad para situaciones consideradas de emergencia y dispone de dos tipos de producto, uno que se activa en menos de cinco segundos y otro en menos de medio minuto. En el caso del primero, el operador del sistema exige una capacidad mínima de 40 MW y una disponibilidad de al menos 7.500 horas al año. Para el segundo establece un mínimo de potencia de 25 MW y un máximo de 100 y la disponibilidad debe ser al menos de 4.500 horas anuales.
Francia adjudica unos 1.600 megavatios al año, que asigna mediante el envío de ofertas por parte de los proveedores al operador del sistema. La propuesta cuenta con una parte técnica y otra económica y, una vez validada la primera, se elige mediante el criterio de menor precio hasta cubrir el requerimiento de potencia interrumpible.
En la última asignación, realizada en octubre de 2016, resultaron adjudicatarios de este servicio 21 puntos de suministro por un total de 1.500 megavatios. El precio máximo del producto 1 -con mayor disponibilidad- fue de 70.000 euros el megavatio y año, mientras que el del producto 2 fue de 30.000 euros. Por ello, la Comisión de Regulación de Energía (CRE) francesa estima el coste del servicio para el país en 96 millones de euros al año, según recoge el informe entregado por los expertos al ministro de Energía, Álvaro Nadal.
EAlemania. El mecanismo alemán para hacer frente a apagones eléctricos pretende "eliminar riesgos y mantener la seguridad del suministro". Al igual que en el caso de Francia e Italia, cuenta con dos tipos de producto, uno instantáneo (movilizado en menos de un segundo) y otro rápido (en menos de 15 minutos). El operador germano del sistema exige una potencia mínima de 5 megavatios y permite la agregación sin límites a los proveedores.
Las necesidades del sistema alemán ascienden a 1.500 MW que se plantean en un horizonte semanal, con 750 megavatios del producto instantáneo y otros 750 del rápido. Para su asignación se recurre a subastas electrónicas semanales de tipo "sobre-cerrado" sobre la oferta del precio de ejecución de las órdenes de reducción, con un máximo de 400 euros por megavatio/hora. En el proceso de adjudicación se seleccionan aquellas ofertas de menor precio hasta cubrir las necesidades del operador del sistema eléctrico.
Al igual que en Italia, la retribución en Alemania cuenta con pago fijo y pago variable. El pago fijo por disponibilidad es como máximo de 26.000 euros el MW y año, con lo que, multiplicado por los 1.500 megavatios adjudicados, el pago total en el ejercicio de la parte fija sería como máximo de 39 millones.
