15 de mayo de 2018
15.05.2018
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El Consejo Económico y Social exige tarifas eléctricas competitivas para la gran industria

El órgano consultivo apuesta por un modelo de contratos bilaterales de energía como los existentes en Francia o Alemania - Insta a revisar el servicio de interrumpibilidad

15.05.2018 | 12:30
Álvaro Nadal y el presidente del CES, Marcos Peña, la semana pasada, durante la presentación del informe.

La entidad plantea sacar de la factura de la luz los costes que son ajenos al suministro

Las grandes empresas industriales asentadas en España, como Alcoa, vuelven a jugarse la semana que viene su competitividad en los próximos meses con la subasta del servicio de interrumpibilidad para el periodo comprendido entre el 1 de junio y el 31 de diciembre. Las firmas que resulten adjudicatarias en la puja recibirán compensaciones económicas -que abaratarán su abultada factura eléctrica- a cambio de reducir o suspender su consumo de energía cuando el sistema no logre atender la demanda, un sistema que ha recibido numerosas críticas en los últimos años -de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia y de la Comisión Europea, entre otros-. El último organismo en sumarse a ellas ha sido el Consejo Económico y Social (CES) de España, que reclama su revisión, pero también plantea medidas alternativas para que la industria española pueda ser competitiva.

El informe El sector eléctrico en España, presentado la semana pasada por el órgano consultivo del Gobierno, recuerda que para algunas actividades -como las de grandes industrias como Alcoa, Ferroatlántica o Megasa, en el caso de Galicia- la electricidad es "uno de los principales factores de producción" por lo que la evolución de su precio -al alza en los últimos ejercicios- "impacta directamente en sus estructuras de costes, en sus resultados económico-financieros y en su capacidad competitiva". El Consejo Económico y Social plantea, como solución, la apuesta por contratos a largo plazo para los grandes consumidores de electricidad con el objetivo de mejorar la competitividad de la industria y evitar que el coste de la electricidad pueda provocar traslados de la producción o de las inversiones a otros países. "El CES estima positivo el reconocimiento de la figura del industrial electrointensivo en el ordenamiento jurídico español, como existe en otros países, por ejemplo en Francia o Alemania, de manera que pudieran establecerse contratos bilaterales a precios más competitivos", reza el informe de la entidad, presentado en presencia del ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, Álvaro Nadal, el pasado día 8.

Dentro de la "necesaria revisión del mecanismo de interrumpibilidad" -y reconociendo la importancia del servicio para ajustar la producción a la demanda-, la institución insta también a tener en cuenta "las peculiaridades de este tipo de empresas [grandes consumidoras de electricidad], de su demanda de energía y el tipo de producción".

El CES reclama la revisión del servicio de interrumpibilidad, pero también del resto de "múltiples mecanismos y factores" que conforman el precio de la electricidad. De hecho, el órgano consultivo del Gobierno pone los pagos por capacidad -lo que el Estado abona a las centrales térmicas de carbón y a los ciclos combinados para que estén disponibles en caso de necesidad del sistema- al mismo nivel que este seguro frente a apagones e indica que ambos deberían revisarse "para que resulten menos onerosos, menos discriminatorios y, en definitiva, más eficientes".

Pero las críticas de la entidad al funcionamiento y diseño del sistema eléctrico español no acaban ahí. Al igual que otras instituciones en los últimos años, denuncia que el incremento de los costes ajenos al suministro -las tarifas de acceso- explican una parte importante del alza de los precios de la electricidad en España. "Estos costes también explican que los precios finales eléctricos en España sean de los más elevados de Europa, con los consiguientes efectos negativos sobre la competitividad de la economía y sobre el gasto del consumidor doméstico", reza el informe del Consejo Económico y Social. "Muchos de los aspectos incluidos entre los costes regulados responden a decisiones de política energética, de cohesión social o medioambiental y resulta discutible que deban ser financiados a través de la factura eléctrica, es decir, a través del consumo energético de los hogares y las empresas", incide el documento del CES.

El organismo ve necesaria una reforma normativa que traslade el coste de las políticas ajenas al suministro a otras vías de financiación, como los Presupuestos Generales del Estado. Entre ellas incluye el coste extra de la actividad de producción del sistema extrapeninsular -de las islas- por tratarse de una política de cohesión territorial.

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David Galán, responderá a los lectores de LA OPINIÓN A CORUÑA sobre todo lo relativo a los mercados financieros y la Bolsa. David Galán es director de Renta Variable en Bolsa General y director del programa de Análisis Bursátil de la Escuela de Finanzas, colaborador de XTB, mayor bróker ´online´ de Europa.

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