16 de mayo de 2018
16.05.2018

El Consejo Económico y Social plantea pasar a los presupuestos el bono social de la luz

El órgano consultivo rechaza que sea financiado por las comercializadoras - Defiende aplicar el IVA superreducido del 4% a la electricidad, como "bien de primera necesidad"

16.05.2018 | 13:20
El ministro de Energía, Álvaro Nadal, y Peña, al presentar el informe.

El Consejo Económico y Social (CES) de España es muy crítico en su último informe - El sector eléctrico en España, presentado la semana pasada- con la regulación energética española y plantea múltiples cambios en sus distintos ámbitos de actuación. Uno de ellos es el de la lucha contra la vulnerabilidad en materia energética, un problema que, recoge el documento, ha ido a más en los últimos diez años de crisis "con el incremento del número de hogares con bajos ingresos o elevado endeudamiento". A esa situación delicada de muchas familias, remarca, también contribuyen factores como el alza de los precios de las principales fuentes de energía, la deficiente conservación y aislamiento de las viviendas o instalaciones inadecuadas de calefacción y climatización, pero lamenta que las medidas adoptadas hasta el momento por las instituciones para luchar contra la vulnerabilidad energética son "parciales" y que todavía no hay un indicador claro "para medir el alcance de la vulnerabilidad de los consumidores frente a la energía".

Un estudio reciente estima que el 30% de los gallegos tiene dificultades para asumir su factura energética mensual -como publicó el pasado lunes este diario- y la principal herramienta diseñada por el Gobierno para contrarrestar esa situación es el bono social, una medida que también recibe numerosas críticas del órgano consultivo del Gobierno. Una de las más importantes se refiere a su financiación, que estima que debería cargarse a las cuentas públicas y no a las empresas comercializadoras. "Cabría considerar la financiación con cargo a los Presupuestos Generales del Estado de la parte del coste del bono social actualmente asumida por el conjunto de los comercializadores, así como de la que se encargan los servicios sociales para los consumidores en riesgo de exclusión, incluidas las deudas por impago de los consumidores vulnerables y de los gastos para la rehabilitación de edificios ineficientes habitados por consumidores vulnerables", reza el documento elaborado por el organismo presidido por Marcos Peña.

Pero como medida complementaria, y teniendo en cuenta que la energía eléctrica es "un bien de primera necesidad", la institución reclamar "revisar" la fiscalidad del recibo eléctrico, aplicando medidas "de protección y apoyo a los colectivos vulnerables". "En este sentido, debería plantearse la aplicación del tipo de IVA previsto para ese fin [el acceso a un bien de primera necesidad]", señala en referencia al IVA superreducido del 4%. El CES recuerda que el Estado debe garantizar el acceso a la electricidad de los ciudadanos, "sufragando su coste a los hogares más vulnerables en lugar de depositar la responsabilidad en las empresas comercializadoras".

La principal herramienta diseñada por el Gobierno para luchar contra la pobreza energética también es muy cuestionada por el Consejo Económico y Social en cuanto a su aplicación. Los criterios para acceder a los descuentos del bono social de la luz pasaron a ser, con los últimos cambios, la renta (antes era la potencia contratada), la percepción de una pensión mínima o las situaciones de desempleo en la unidad familiar. "Llama la atención la aplicación de los descuentos del bono social a todas las familias numerosas, sin tener en cuenta ningún límite de renta", apunta el CES.

Pero el órgano consultivo del Ejecutivo también considera que las rebajas del bono social -del 25% de la factura para consumidores vulnerables y del 40% para los vulnerables severos- "tienen un alcance muy limitado, aplicándose únicamente sobre los contratos acogidos al PVPC [Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor] y sin tener en cuenta el término de potencia ni los impuestos". Por ello, indica que sería "aconsejable" su aplicación al total de la factura.

El informe de la institución liderada por Marcos Peña también recuerda la necesidad de que los distintos conceptos que integran la factura eléctrica sean "claros y comprensibles" para un ciudadano con un nivel medio de comprensión, algo que, lamenta, "no se ha logrado aún", por lo que defiende que su consecución "debe ser un objetivo a corto plazo".

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David Galán, responderá a los lectores de LA OPINIÓN A CORUÑA sobre todo lo relativo a los mercados financieros y la Bolsa. David Galán es director de Renta Variable en Bolsa General y director del programa de Análisis Bursátil de la Escuela de Finanzas, colaborador de XTB, mayor bróker ´online´ de Europa.

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