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Agencias.Bruselas
La Comisión Europea (CE) pidió ayer que España retire "inmediatamente" las nuevas condiciones impuestas a la OPA de E.ON sobre Endesa, con un plazo límite del 19 de enero, al declararlas otra vez ilegales según las normas comunitarias. La Comisión criticó también la tardanza española en responder a sus alegaciones, y recalcó que intenta demostrar que no va estar "quieta" mientras los Estados miembros de la UE violan las normas comunitarias.
Bruselas considera que las condiciones de España a E.ON vulneran los principios de libre circulación de capitales y mercancías y la libertad de establecimiento. Además, advierte que las principales perjudicadas por el incumplimiento de la legislación comunitaria por parte del Gobierno español podrían ser las empresas españolas que compran otras compañías en el extranjero.
Las condiciones que Bruselas considera ilegales son, en concreto, la obligación de que Endesa mantenga su marca durante un período de 5 años, la prohibición de venta de activos de Baleares, Canarias, Ceuta y Melilla, también en cinco años, la obligación de utilizar carbón nacional, y la obligación para E.ON de no adoptar decisiones estratégicas sobre Endesa y que afecten a la seguridad de suministro contrarias a la legislación española.
La decisión del Ejecutivo comunitario es jurídicamente vinculante y puede ser invocada por las empresas ante los tribunales nacionales. La comisaria de Competencia, Neelie Kroes, aseguró que nadie debe dudar del compromiso del Ejecutivo comunitario de garantizar que las empresas europeas puedan funcionar en condiciones de competencia equitativas en beneficio de los consumidores, de las empresas y de la economía de Europa en su conjunto.
El Ministerio de Industria, Turismo y Comercio reiteró ayer que las nuevas condiciones impuestas al grupo alemán E.ON para autorizar su OPA sobre Endesa se ajustan a la normativa comunitaria, según indicaron fuentes de este departamento.
Tras analizar la respuesta dada por el Ejecutivo español la semana pasada, la CE insiste en que las condiciones contravienen la libertad de movimiento de capitales y la libertad de establecimiento. En su respuesta, el Ministerio de Industria señalaba que las condiciones no suponían limitación de los derechos y libertades reconocidos en el derecho comunitario y recordaba a la Comisión Europea que la OPA de E.ON ha sido autorizada de acuerdo con la normativa energética y bursátil.