La Oficina Antifraude de Cataluña (OAC) fue creada en 2009, en tiempos del tripartito y a rebufo de las sospechas de corrupción que vertió Pasqual Maragall en el Parlament con su alusión al 3%. Su primer director fue el fiscal David Martínez Madero. Le sustituyó Daniel de Alfonso, un magistrado de reconocido prestigio como penalista, en ejercicio desde 1992, que fue portavoz de la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura (APM). La OAC, dependiente del Parlament y con un presupuesto anual de seis millones, dio sus primeros pasos entre los recelos de los círculos jurídicos. Con De Alfonso al frente, se enfriaron las relaciones con el Ministerio público. Desde 2011, la Fiscalía de Barcelona ha archivado la mayoría de denuncias que le remitió Antifraude. Durante su gestión, De Alfonso ha recibido críticas de varios flancos y fue acusado de escurrir el bulto cuando Victoria Álvarez, expareja de Pujol Ferrusola, acudió a él para denunciar que el primogénito del expresident movía dinero negro a Andorra.
