La cárcel, con un ojo en el 20-D

Un cambio de color en el Gobierno central podría tumbar el recurso presentado por Interior contra la devolución gratuita del penal provincial al Concello, facilitando su recuperación

11.12.2015 | 14:30

El nuevo Gobierno que salga elegido de las urnas después del 20 de diciembre tendrá en su mano facilitar o no la devolución al Concello de la antigua cárcel provincial de la Torre. Ambas administraciones llevan meses enfrascados en una disputa legal sobre cómo se debe proceder a la devolución de las instalaciones después de que el Ministerio de Interior y la Sociedad de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios (SIEP) presentasen un recurso ante la Audiencia Nacional contra la decisión del Concello de recuperar las instalaciones sin abonar un euro.

La Administración central pretende hacer valer el convenio de 2005, firmado por el entonces alcalde Francisco Vázquez con Instituciones Penitenciarias en el que se comprometía a pagar 1,2 millones de euros por la reversión del inmueble. Este dinero se estableció por la diferencia de valor entre la finca con la que se quedaba Interior para el centro de reinserción al lado de las cocheras de Tranvías (9.000 metros cuadrados) y la parcela en la que se ubicaba la prisión (de 12.792).

En una sentencia del Contencioso Administrativo número 3 se reconoce que "desaparecida la causa que justificó la cesión -al estar ya la cárcel cerrada- puede ejercitar la entidad local donante o cedente la reversión", aunque el fallo, finalmente, da la razón a la SIEP y considera lícito que reclame la cantidad pactada en 2005 mientras si el convenio sigue en vigor. La sentencia es de octubre de 2014 y, tras conocerla, el Ejecutivo municipal del anterior alcalde, Carlos Negreira, inició el proceso para invalidar aquel pacto. Se procedieron a anular los convenios de 2005 basándose en el documento de cesión de la parcela de 1925, en el que se decía que el terreno era cedido para construir una cárcel. Una vez la prisión se cerró, desde María Pita entendieron que la devolución podría ser gratuita.

Aunque ninguno de los programas electorales de las formaciones que concurren a estas elecciones municipales incluye qué hacer con la cárcel ni con el proceso judicial actualmente en marcha, el nuevo Gobierno que se constituya podría retirar el recurso, siempre antes de que los autos queden vistos para sentencia, accediendo a que el inmueble pasase a manos del Concello sin abonar ninguna cantidad a cambio.

A la espera de una resolución de los tribunales, la prisión se encuentra ahora sin uso y con un deterioro notable de sus instalaciones, lo que obligó al Estado a realizar recientemente actuaciones urgentes para evitar daños mayores, especialmente en los tejados, que amenazaban con derrumbarse.

Mientras la situación no se resuelve, el alcalde, Xulio Ferreiro, anunció a finales de noviembre que el Concello mantiene conversaciones con el Ministerio de Interior para darle uso a la antigua prisión "desde ya". "Hay un contencioso y estamos esperando a que eso se resuelva y, mientras, estamos intentando llegar a algún tipo de acuerdo con el Gobierno central a través de un convenio, o lo que sea, para ir dándole un uso", declaró el regidor municipal. La última vez que se abrió la cárcel fue, parcialmente, para realizar actividades culturales durante los años del Gobierno municipal bipartito.

La recuperación del penal lleva siendo reclamado por diferentes colectivos de la ciudad, uno de ellos constituido expresamente para ello, bajo el nombre de Proxecto Cárcere. En noviembre la entidad cumplió cinco años.

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