En medio de la crisis que arrasó la economía española y mundial, la opinión pública arqueó las cejas cuando comprobó que un diputado tendría blindada la pensión máxima en su jubilación si sumaba once años. Es decir, una vez pasaban por las Cortes y volvían a su profesión, el erario público completaría su pensión cuando se retirasen en alguna Cámara.

Ese acuerdo fue anulado en 2011, aunque todavía se benefician de él diputados de las dos primeras legislaturas. En total son 101 exdirigentes, más otros 52 que ingresan un complemento. También se anuló la polémica aportación con cargo al presupuesto de la Cámara las aportaciones a planes de pensiones privados para sus señorías.

Las Cortes pagan la Seguridad Social de los diputados, pero estos no tienen derecho a paro cuando concluye su mandato. Eso sí, perciben una indemnización por cese de actividad equivalente a una mensualidad por cada año de diputado. En el caso de senador, se trata de 2.813 euros con un máximo de 24 mensualidades.