En un claro intento por escapar del primer plano durante la campaña electoral, las autoridades comunitarias optaron por retrasar a julio su última palabra sobre la multa equivalente al 0,2% del Producto Interior Bruto (PIB), unos 2.000 millones de euros, a la que se enfrenta España por el incumplimiento reiterado de los límites de déficit. "No es el momento político ni económico para adoptar una decisión", esgrimía Pierre Moscovici, comisario europeo de Asuntos Económicos, el pasado 18 de mayo. La suya fue una alusión tanto a la contienda del 26-J como al referéndum sobre la permanencia en la UE que el Reino Unido celebra el próximo jueves ante lo que podría dar de sí una medida tan impopular en manos de los partidarios del no. Pero a Bruselas la jugada se le quedó corta. La amenaza de sanción está día sí y día también en la refriega política española y esta misma semana el vicepresidente, Valdis Dombrowskis, reconoció que la percepción de "un doble rasero" sería un peligro para luego exigir el cumplimiento a todos los países miembros. "No hay planes -asegura- para posponer de nuevo las decisiones".
Justo en la víspera de conocerse el aplazamiento, el presidente del Gobierno en funciones destapó la caja de los truenos cuando en una entrevista al Financial Times habló abiertamente de una nueva rebaja fiscal en caso de ganar las elecciones. La forma, la jornada anterior a que Bruselas se manifestara sobre la multa, y el fondo, con un déficit todavía disparado, sorprendieron a muchos. Incluso antes de saber que el propio Mariano Rajoy se llegó a comprometer por escrito días antes con el máximo responsable de la Comisión Europea a algo que suena a precisamente todo lo contrario. "Conscientes de la necesidad de salir del procedimiento por déficit excesivo cuanto antes, en la segunda mitad del año, una vez haya un nuevo Gobierno, estamos dispuestos a adoptar nuevas medidas, si se requieren, para cumplir con el objetivo", aseguró en una misiva enviada a Jean-Claude Juncker.
La idea del candidato popular se ha materializado en el descenso de dos puntos en el IRPF para todos los contribuyentes, una de sus promesas estrella en la campaña. El PSOE, sin embargo, no lo ve posible por esa necesidad de reequilibrar el presupuesto público y únicamente marca como prioritario el recorte del IVA cultural y elevar la presión fiscal a las rentas altas. Algo en lo que coincide con Unidos Podemos, que quiere un tipo del 55% en aquellos que ganen más de 300.000 euros. Ciudadanos se agarra también a la desviación del déficit para dejar para más adelante, en 2018, la reforma.
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Entonces, ¿hay margen o no para hacerlo? Lo seguro es que España cuenta con este y el próximo año, 2017, para dejar el déficit en el 3% del PIB. Según los cálculos de la Comisión Europea, el ajuste ronda los 8.000 millones de euros.
"Nuestro sistema impositivo es, a día de hoy, incapaz de recaudar los recursos que necesitamos para financiar nuestro estado de bienestar", señala Baltasar Manzano, profesor de Fundamentos del Análisis Económico de la Universidade de Vigo, que recuerda los niveles actuales del desequilibrio de las cuentas públicas, por encima del 5% del PIB, "de los cuales casi tres puntos son déficit estructural". A la imposibilidad de cubrir las necesidades de gasto, el también miembro del Foro Económico de Galicia suma la "ineficiencia" del sistema, que no recauda "con los menores costes y distorsiones posibles". "Tenemos tipos marginales [los máximos en la escala de un gravamen] muy altos, pero tipos efectivos [los tipos medios] muy bajos -explica Manzano-. Ha habido diversas propuestas de reformas en esa dirección, centradas por ejemplo en la eliminación de deducciones y exenciones fiscales en el IRPF y el Impuesto de Sociedades, lo que permitiría aumentar la base impositiva y reducir los tipos marginales para situarlos en los niveles de nuestro entorno, manteniendo la recaudación". En el caso del IVA, la posible alternativa a discutir pasa por un tipo único que incremente los ingresos en casi dos puntos del PIB, "pero esta medida tendría que venir acompañada con acciones como la subida del mínimo exento del IRPF y políticas redistributivas por el lado del gasto público para paliar los efectos de la reforma del IVA en los hogares con menos recursos".
La merma de las arcas públicas por el impacto de la doble recesión llevó a los dos últimos gobiernos, el socialista liderado por José Luis Rodríguez Zapatero, y el actual en funciones, con Rajoy al frente, a decretar una subida tributaria histórica. La presión fiscal pasó del 29,8% del PIB en 2009 -el porcentaje recoge el total recaudado sobre el tamaño de la economía española- al 33,2% en 2014, según las últimas cifras de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). El último de los incrementos, el que los populares impulsaron en 2012, superó los 20.000 millones de euros, amortiguado, solo parcialmente, con las rebajas de 2015, básicamente en IRPF y Sociedades, con un descenso en los ingresos de 4.813 euros y 1.089, respectivamente, según los datos de la Agencia Tributaria. Ese ejercicio la recaudación total se mantuvo en positivo, un 4% más que en el 2014. Lejos del 5,4% previsto por el Ejecutivo, que cumplió su vaticinio en la evolución del IVA, un 7,4% más; y se descolgó del 20,4% de alza contemplada para Sociedades, que finalmente aportó únicamente un 10% más.
El debate sobre el futuro fiscal de España deja habitualmente de lado las figuras autonómicas y locales. Pese a su enorme repercusión para el bolsillo del ciudadano. Los ingresos fiscales de la Xunta, incluidos tramos autonómicos de impuestos estatales, se desplomaron en 2009 y 2010 en unos 1.000 millones, pero desde entonces la subida alcanza el 56%, hasta los 5.400 millones de euros. Y la recaudación por el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) -uno de los más exprimidos durante la doble recesión para aliviar las penurias financieras de los ayuntamientos- acumula un aumento del 61% en la comunidad desde el 2007 por los nuevos tipos y los catastrazos pese al pinchazo de la burbuja inmobiliaria.
Con esta otra pata de la cesta fiscal, ¿qué pasará? "Lo que está pendiente es una revisión a fondo del sistema de financiación autonómica que aumente la autonomía financiera y la corresponsabilidad tributaria de las comunidades -recuerda Baltasar Manzano-. Esta revisión será complicada porque está entrelazada con el debate identitario y la pretensión de algunas comunidades de obtener un sistema de concierto fiscal". Como País Vasco y Navarra. Lo mismo ocurre con los tributos y tasas locales, "parte de un debate más amplio que debería reflexionar sobre la asunción de competencias impropias y las necesidades financieras de los ayuntamientos".
En el primer cuatrimestre del actual 2016, la evolución de la recaudación fiscal está en números rojos. Cayó un 3,7%, como refleja el último balance de la Agencia Tributaria, pese a que la economía crece a tasas superiores al 3%. Una razón más para sembrar la duda sobre la viabilidad de otra bajada fiscal en un escenario de déficit todavía descontrolado. Frente al 4,2% del PIB pactado con Bruselas -sin contar el rescate a la banca-, España cerró 2015 en un 5%, con las comunidades en el 1,66% -0,7 puntos por encima del techo que les tocaba- y la Seguridad Social en el 1,26% -debería haberse quedado en el 0,66%-.
Para este año, según la revisión del plan de estabilidad que el Gobierno en funciones ejecutó para amoldarse a la tregua de Bruselas para alcanzar el 3% del PIB en 2017 y no el actual ejercicio, el objetivo es el 3,6%. Pocos confían en que así sea. La Comisión Europea, que vaticina que el desajuste entre ingresos y gastos se irá al 3,9%. La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) -el organismo obligado por Bruselas para el control de las cuentas públicas españolas tras el megapréstamo de 50.000 millones para la banca- sostiene que faltan 4.000 millones de ajuste para conseguir adecuarse al tope y que pocas autonomías se adaptarán al límite. Galicia sería una de ellas, como también sucedió en 2015.
"El debate electoral sobre la subida o bajada de impuestos puede verse como un debate más general entre quienes piensan que el nivel actual de presión fiscal es suficiente para financiar nuestras necesidades y aquellos que consideran que el gasto ha de incrementarse para asegurar la suficiencia y la calidad de los servicios y prestaciones públicas", afirma Baltasar Manzano.
La mayoría de partidos señalan el camino del incremento, "aunque las razones que hay detrás son diferentes". "Algunos se centran en nuestro déficit estructural como justificación para aumentar la presión fiscal, mientras que otros (Podemos básicamente) lo justifica para financiar también un aumento el gasto social -continúa el profesor-. El PP sin embargo pone el énfasis en rebajas impositivas, aunque sin mencionar que nuestra presión fiscal, medida por los tipos efectivos, se encuentra muy por debajo de la media Europea". Lo que para Manzano deja entrever que el PP "pone todas sus esperanzas en la recuperación económica como elemento para aumentar los ingresos fiscales y reducir el déficit".
Algo, la corrección de los desequilibrios, que, según el miembro de Foro Económico , "probablemente" obligará a beber de las dos posturas, "siendo preciso no relajar los esfuerzos de racionalización del gasto y al mismo tiempo incrementar la recaudación tributaria de la forma menos distorsionante posible para no afectar al crecimiento".
