El PP pide una comisión de investigación en el Parlamento sobre los contratos de Fitur

El PP va a registrar la petición de una comisión de investigación en el Parlamento andaluz sobre las adjudicaciones del expositor de Andalucía en la Feria Internacional de Turismo (Fitur) a un empresario condenado por malversación, según ha informado hoy el secretario general del PP-A, Antonio Sanz.

EFE Este anuncio, realizado en rueda de prensa, se produce después de que hace unos días el PP reclamara al presidente de la Junta, Manuel Chaves, que promoviera una comisión de investigación, de la misma forma que el Gobierno madrileño ha promovido la creación de una en la Asamblea de Madrid sobre el presunto caso de espionaje a altos cargos de la comunidad madrileña.

El PP denuncia que la Junta de Andalucía adjudica desde hace cinco años el diseño y montaje de su pabellón en Fitur de Madrid al empresario Ignacio Bendito, condenado como cooperador necesario en un delito de malversación, ya que reconoció que pagó 300.000 euros a un alto cargo del entonces Ministerio de Transportes por instalar expositores en un certamen celebrado en Madrid en 1990.

Sanz, que ha anunciado que su grupo también va a formular al Consejo de Gobierno varias preguntas sobre este asunto en el pleno del Parlamento de esta semana, ha recordado que a la empresa Decoestudio, además de otorgársele "casi todos los contratos" del expositor de Fitur, también recibió otros desde 1989.

El dirigente del PP ha señalado que su partido no quiere que la investigación se ciña al contrato de Fitur de 2009, tal y como ha remitido la Junta a la Fiscalía Anticorrupción, sino que tiene que explicar por qué se le concede "siempre" a la misma empresa el expositor desde 1989 exceptuando el periodo en que la Consejería de Turismo era gestionada por el Partido Andalucista.

Ha llamado la atención sobre que la Junta se haya empeñado desde hace diez años en contratar a la empresa "más cara" y además que dirige una persona que fue condenado "por los mismos hechos por los que fue contratado", ya que se inhabilitó "para contratar con la administración por pagar un sobreprecio" de un expositor.

Los populares piden a la Junta que investigue también "si se ha obligado" a otras administraciones a tener que contratar con esta empresa, según Sanz, quien ha añadido que es necesario investigar por qué en 2008 a esta empresa se le había limitado el crédito comercial recomendado a un máximo de 4.800 euros, y sin embargo la Junta lo contrata por más de 2 millones de euros.

"Es decir, 452 veces más de lo que establece por las empresas especializadas en análisis de riesgo comercial como tope máximo de lo que se le podía dar a esta empresa", ha denunciado Sanz, quien ha añadido que el PSOE "tiene una gran mancha extendida de escándalos y de corrupción que está obligado a explicar en el Parlamento".