La reforma del Código Penal tipificará la corrupción entre particulares

AGENCIAS | MADRID "Se van a admitir y regular por primera vez las fórmulas de corrupción entre particulares", asegura el ministro de Justicia, Franscisco Caamaño. En una entrevista a Europa Press, Caamaño destaca que el proyecto para la reforma del Código Penal que el Gobierno pretende enviar al Congreso en septiembre incluirá "aspectos muy novedosos" como la tipificación de la responsabilidad criminal en las personas jurídicas. Otra de las medidas será la libertad vigilada, que evitará que las víctimas de atentados tengan que convivir con los terroristas una vez hayan cumplido sus penas de prisión.

El anteproyecto de ley, que fue aprobado por el Consejo de Ministros en noviembre pasado, contempla penas de seis meses a cuatro años de cárcel para los directivos o empleados de empresas privadas que ofrezcan o acepten sobornos. El tipo penal, equiparable al que castiga el cohecho para los funcionarios públicos, pretende garantizar "la competencia justa y honesta entre empresas y evitar actos de corrupción entre los administradores de distintas empresas".

De esta forma, el nuevo Código Penal perseguirá, además de las fórmulas de corrupción entre particulares, "las negociaciones económicas con daño, por ejemplo, para accionistas o con informaciones en contra de la licitud de las empresas a las que uno pertenece y ante las que tiene cabalmente que responder".

Sanciones

En relación con la "responsabilidad criminal" de las jurídicas, Caamaño comunica que el proyecto acabará con "la idea tradicional de que delinquen las personas y no las sociedades". Para ello, se adoptarán sanciones distintas que a las que se imponen a las personas. Así, explica que "al margen de la responsabilidad de los individuos que formen parte de la sociedad y de sus administradores", la Administración judicial podrá incautarse de los bienes que se hayan obtenido "gracias a una gestión ilícita", existiendo más capacidad, por lo tanto, para "sacar del mercado" empresas que hayan funcionado como "un mero instrumento para la comisión del delito".