El PP acusa al Gobierno de utilizar a la policía para espiar a sus dirigentes

REDACCIÓN / AGENCIAS | A CORUÑA / MADRID La trama de espionaje que comenzó en la Comunidad de Madrid se extiende. Ahora no está el Gobierno de Aguirre en el punto de mira, sino el Ejecutivo central. La secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, denunció ayer que a su partido le consta que desde las autoridades judiciales y policiales se están produciendo escuchas telefónicas ilegales a personas que "no tienen nada que ver con los sumarios" abiertos por los casos de corrupción a destacados dirigentes nacionales. La acusación tuvo una inmediata respuesta por parte de la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega: que el PP vaya a los tribunales si cree que se está cometiendo algún delito o que se retracte, porque está "despreciando" el trabajo de policías, jueces y fiscales.

En una entrevista a Efe, De Cospedal se reafirmó en las declaraciones que hizo hace dos días en un vídeo de su partido, cuando pidió al Gobierno que persiguiera a ETA antes que al PP, y lamentó además que España viva ahora "un Estado policial" como hace muchos años, desde antes de la Constitución, no se vivía. Un "Estado policial" que, a su juicio, lleva al Gobierno a "utilizar a las instituciones, a la Fiscalía, a la Policía judicial, a los servicios del Ministerio del Interior y al Centro Nacional de Inteligencia".

"Persecución"

"Perseguir a la oposición", como cree que el Ejecutivo de Zapatero hace ahora, resulta "propio de un sistema antidemocrático", denunció. "Esto es lo que practica el Gobierno aunque al PSOE no le guste oírlo; pero es así y así está poniendo en grave riesgo a la democracia, en grave riesgo a las instituciones de la democracia", zanjó la número dos del PP, que denunció que "se están produciendo, a veces de manera ilegal, escuchas telefónicas de personas que no tienen nada que ver con algún sumario" judicial. "Y se hacen de manera ilegal, nos consta", puntualizó De Cospedal, al tiempo que añadió que hay altos dirigentes nacionales del partido cuyo teléfono ha sido "pinchado". La número dos del PP advirtió de que tanto el PSOE como el Gobierno "intentan corromper las instituciones de la democracia", incurriendo así en un caso de "corrupción política". Asimismo, ha asegurado que "los fiscales están muy molestos con la actuación del Gobierno" en la instrucción del caso Gürtel, ya que pertenecen a una institución que, tal y como estipula la Carta Magna, ha de ser "garante de la ley y del Derecho para todos los ciudadanos". Ese malestar -prosiguió- se ha acrecentado después de que la vicepresidenta primera anunciase desde Costa Rica que el Ministerio público recurriría el auto que archiva la causa contra Francisco Camps.

Las reacciones ante las acusaciones que ha vertido Cospedal fueron contundentes. El portavoz de la Asociación de Jueces, Francisco de Vitoria, ha pedido a la número dos del PP que rectifique o que presente una denuncia en los juzgados por las denuncias ilegales a miembros de su partido.

Desde Paraguay, la vicepresidenta primera también respondió a la entrevista de la secretaria general del PP: "Vivimos en un Estado de derecho que hemos construido entre todos con mucho esfuerzo para que ahora, por intereses particulares, venga (el PP) a lanzar sombras de sospechas sobre el funcionamiento de nuestro Estado de derecho", advirtió. A su juicio, la "escalada verbal" de los dirigentes del PP en los últimos días evidencia su "nerviosismo", por lo que les recomendó que se tranquilicen y actúen con más responsabilidad. Tras señalar que los populares "son muy libres de decir lo que consideren oportuno", garantizó que ella siempre ha sido y seguirá siendo "extraordinariamente respetuosa" con los asuntos que están en los tribunales. Por este motivo, emplazó a De Cospedal a denunciar en los tribunales sus acusaciones y, en caso contrario, exigió que se retracte de tales insinuaciones.