RAFAEL MONTANER | A CORUÑA
La gran mayoría de los 27 países que conforman actualmente la Unión Europea (UE) ha puesto coto a la aceptación de regalos por parte de los cargos públicos. La Eupan, siglas en inglés de la Red Europea de Administraciones Públicas, advierte de que "muchas formas de corrupción empiezan con un simple regalo".
Sendos estudios de la Eupan, uno de 2004 y otro más reciente de 2008, revelan que sólo cinco de los Veintisiete -Francia, República Checa, Luxemburgo, Portugal y Rumanía-, carecen de normas o códigos de conducta que regulen este tipo de agasajos. Sin embargo, la ausencia de un marco legal no significa que estos países sean más laxos que el resto ante estas prácticas, ya que en el caso de España, la normativa es tan indefinida que apenas supone regulación alguna.
Así, el Código de Buen Gobierno para los miembros del Ejecutivo y los altos cargos de la Administración que aprobó el Gobierno de José Luís Rodríguez Zapatero en el año 2005 únicamente viene a decir que "se rechazará cualquier regalo, favor o servicio en condiciones ventajosas que vaya más allá de los usos habituales, sociales y de cortesía...".
Límites
Las barreras a la recepción de regalos van desde su prohibición total a la obligatoriedad de informar sobre su recepción o el establecimiento de límites sobre el valor del obsequio que varían de un país a otro.
En este sentido, los ministros y funcionarios del Reino Unido, así como sus familias, tienen prohibido aceptar regalos de más de 140 libras (164,7 euros) y están obligados a informar de los obsequios que reciben. En la Comisión Europea, el Ejecutivo de la Unión Europea, la barrera sube hasta los 150 euros pero los comisarios están obligados a declarar los regalos en un registro en línea en internet. En Italia, el Ejecutivo de Romano Prodi estableció que los regalos de más de 300 euros que recibieran los ministros fueran donados al Estado.
El debate abierto en España tras conocerse que la presunta trama de corrupción del caso Gürtel supuestamente ha agasajado con sustanciosos regalos a destacados altos cargos del Partido Popular, como el presidente de la Generalitat valenciana, Francisco Camps, o la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, quien se defendió con el argumento de que "todos los políticos reciben regalos", ha llevado también a que diversas fuerzas políticas planteen la necesidad de limitar por ley el valor de los obsequios.
Uno de los ejemplos a seguir es el de Estados Unidos, donde ningún cargo público de la Administración federal puede recibir regalos que superen los 20 dólares (13,9 euros). La normativa de la Oficina de Ética del Gobierno (OGE), creada tras el caso Watergate que le costó la presidencia a Richard Nixon, añade además, que el valor total de los obsequios donados por una misma persona no pueden superar los 50 dólares (34,7 euros) al año.
El presidente norteamericano, Barak Obama, en su compromiso de liderar "el gobierno más transparente" de la historia de Estados Unidos, firmó el pasado 21 de enero un compromiso ético en el que se compromete a no aceptar regalos de ningún lobby o grupo de presión.
Estas personas influyentes que se organizan para presionar en favor de determinados intereses son muy frecuentes en Norteamérica, donde también influyen en las elecciones a través de jugosas donaciones en metálico a los candidatos a la Casa Blanca.