AGENCIAS | MADRID "No mira para otro lado ni lo va a hacer nunca", dijo Mariano Rajoy ayer, del partido que preside, el PP, y por eso exigirá responsabilidades a todos los que "hayan hecho cosas que no se deben hacer". Rajoy sostuvo que ha quedado acreditado que no está "ante una trama de financiación irregular" del partido sino ante "una trama de corrupción para aprovecharse del PP y para utilizarlo en su contra".

Esa fue la reacción del presidente nacional del PP después de un día de silencio. Sin embargo, la secretaria general del partido, María Dolores de Cospedal, eludió hablar de responsabilidades ya que, a su juicio, con el levantamiento de parte del sumario del caso Gürtel no hay "nuevas imputaciones", por lo que su partido no puede tomar más medidas hasta que actúe la Justicia. Y es que según De Cospedal, los imputados hasta la fecha en la causa ya no forman parte del PP. Sobre los presuntos regalos de lujo destinados a dirigentes populares, la número dos aseguró que no es "ejemplarizante" pero que es algo que "hay que demostrar".

Lo que iba a ser una jornada sobre los presupuestos en la sede nacional, se dedicó a "la circunstancia", en palabras de Rajoy, tras el levantamiento parcial del secreto de sumario del caso Gürtel después casi un año de instrucción. "Lo que ha quedado acreditado es que estamos ante una trama de corrupción para aprovecharse del PP y para utilizarlo en su contra", argumentó. Y ante las denuncias de corrupción, subrayó que "cualquier persona que haya hecho cosas que no se deben hacer tendrá que asumir sus responsabilidades ante la opinión pública".

Rajoy recordó que el PP es depositario de la confianza de más de diez millones de personas: "La inmensa mayoría de los dirigentes políticos, de los cargos públicos y electos del PP es gente honrada, que cumple su trabajo, a veces con errores, pero desde luego fijándose en la defensa del interés general".

Pero después de que Mariano Rajoy hablara de exigir responsabilidades, la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, aseguró que no existen "nuevas imputaciones que afecten a militantes" de su partido. Por ello, dijo que no pueden tomar medidas hasta que actúe la Justicia. La número dos leyó un comunicado, redactado bajo la supervisión de Rajoy: "Las cuentas han sido fiscalizadas puntualmente por el Tribunal de Cuentas y nada hay en lo que conocemos del sumario que contradiga el resultado impecable de dicha fiscalización. Estamos ante una trama de corrupción para aprovecharse del PP y utilizada en su contra".

En el texto, el PP también exige el levantamiento total del secreto del sumario porque, según dijo, en este último año ese secreto fue "vulnerado sistemáticamente con filtraciones selectivas y parciales que han generado una grave situación de indefensión" al partido. Además, denunció que el PP está siendo "víctima de una actuación sectaria y partidista del Gobierno y de la Fiscalía General del Estado", ante lo que confían en "la independencia judicial y su capacidad para hacer justicia por encima de los juicios paralelos".

Sobre comparaciones con el caso Filesa, De Cospedal apuntó que Correa y sus socios "no son dirigentes del PP" sino que constituyeron sociedades y "un entramado" para "enriquecerse ellos, no para enriquecer al PP". Ante la pregunta de si el partido abrirá una investigación interna sobre este asunto, la secretaria general señaló que la capacidad de actuación del partido está supeditada a la actuación de la Justicia.

La portavoz parlamentaria Soraya Sáez de Santamaría, defendió que el ex ministro de Fomento Francisco Alvarez-Cascos y el empresario Alejandro Agag "sólo aparecen citados" en conversaciones de "supuestos delincuentes" - y añadió-, a quienes "no deben caerles bastante bien"

El secretario de Comunicación, Esteban González Pons, defendió su labor como conseller del Territorio de la Generalitat, que "se ajustó estrictamente a la legalidad".

Pons avisa de que tomará medidas contra quien insinúe que sus actuaciones vulneraron la ley y dijo que las recalificaciones realizadas siguieron todos los trámites previstos en la ley.

En el bando rival, la vicepresidenta De la Vega advirtió del riesgo de "pérdida de credibilidad" que corre Rajoy; mientras que Manuel Chaves dijo que una o dos generaciones del PP pueden caer por las consecuencias de la trama.