AGENCIAS | PALMA
El titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Palma, José Castro, encargado de las investigaciones en torno al caso Palma Arena, ha citado a declarar en calidad de imputado al ex presidente del Govern balear, Jaume Matas, que deberá comparecer ante el juzgado el próximo 23 de marzo a partir de las 10.00 horas.
El ex presidente del Govern balear no es el único citado para declarar. También están citados a declarar su esposa, María Teresa Areal, su cuñado y hermano de ésta, Fernando Areal (que ya declaró como imputado) y al presidente de Gesa- Endesa, Bartomeu Reus.
Así consta en la providencia dictada por el magistrado que instruye las investigaciones sobre las presuntas irregularidades que rodean a la construcción del velódromo palmesano en la pasada legislatura del PP y que supusieron que su coste se disparase de los 48 millones inicialmente presupuestados a unos 110. El Tribunal Superior de Justicia, mediante un comunicado, informó de que las citaciones de Matas y de su esposa, al residir ambos en el extranjero, se han hecho a través de su abogado, Rafael Perera.
El asistente legal de Matas comunicó a Castro, el 13 de agosto, la predisposición del ex jefe del Ejecutivo balear a desplazarse desde Estados Unidos, donde reside, para prestar declaración ante el magistrado, al apuntar que su patrocinado no tiene "ningún inconveniente en aclarar cualquier punto sobre el que se le interrogue, dentro de una postura transparente y colaboradora con la Justicia".
El 11 de septiembre, el magistrado decidió incorporar al procedimiento sobre la presunta malversación de caudales públicos producida durante la ejecución del velódromo, las investigaciones realiza- das por la Fiscalía y la Agencia Tributaria sobre el patrimonio del ex presidente, así como de Fernando Areal. De esta manera, es Castro quien, junto a las investigaciones sobre la construcción de la infraestructura, se encarga de proseguir con las indagaciones referidas a los bienes del ex jefe del Ejecutivo autonómico, después de que la Fiscalía General del Estado denegase prorrogar las diligencias informáticas que durante seis meses fueron llevadas a cabo por los fiscales anticorrupción de Baleares en torno al patrimonio de Matas. Además, el Ministerio Público le atribuye un cohecho por valor de 1,5 millones en la compra de su vivienda en el caso antiguo de Palma.
Al mismo tiempo, las investigaciones del procedimiento se centran en conocer el motivo por el que se le rescindió el contrato al arquitecto inicial del Palma Arena, Ralph Schürmann, quien ordenó contratar a los arquitectos Jaime y Luis garcía-Ruiz, que acabaron recibiendo unos 9 millones de euros en honorarios por hacerse cargo de la ejecución de la infraestructura estrella del Govern de Matas. Estos arquitectos aseguraron ante el juez que éste les llamó personalmente por teléfono para pedirles que continuasen con la obras.
Defender su gestión
Al poco de conocerse la providencia del juez, Carlos Simarro, el portavoz del PP balear, se mostraba satisfecho ya que Matas podrá "al fin" ofrecer explicaciones y defender su "gestión y su honor". El PP balear criticó que Matas lleve más de un año siendo sometido a "juicios paralelos en la prensa, sin ninguna oportunidad de explicarse".
Simarro recordó que el ex presidente lleva mucho tiempo expresando su deseo de prestar declaración ante el juez sobre las sospechas que pesan sobre él. Así, aclaró también que "Matas no ha sido acusado de nada y, en cambio, ha sido sometido a un juicio paralelo sobre su patrimonio". Por ello, Simarro añadió: "Es bueno que vaya a tener ocasión de defender su gestión y su honor, algo a lo que todo el mundo tiene derecho".
Mientras, ERC presentará una proposición no de ley en la que se pedirá más recursos para la Fiscalía de Baleares ante "los numerosos casos de corrupción" detectados en las Islas Baleares.
Por su parte, el ex presidente Jaume Matas rechazó "cuantas imputaciones" puedan formularse contra él, que "en todo caso tienen su origen en informaciones sesgadas", parciales o abiertamente erróneas". No obstante, Matas expresó su deseo "sin reservas" de colaborar con la Justicia y ofrecer una veraz versión de los hechos investigados en el procedimiento judicial en curso. Así lo puso de manifiesto a través de su abogado, Rafael Perera.