Primera orden de prisión incondicional por corrupción en El Ejido

AGENCIAS | EL EJIDO La jueza que instruye el caso de la presunta trama de corrupción en el Ayuntamiento almeriense de El Ejido decretó prisión incondicional sin fianza para el hijo de José A., administrador de las empresas Arborimar y Maviroad, y para dos de sus yernos.

Con esta decisión judicial concluyó anoche la segunda ronda de declaraciones, que se prolongó durante todo el día y en el que la jueza decretó también la prisión incondicional para José A, mientras que para dos hijas de este dictó una fianza de 50.000 euros, según fuentes judiciales.

Los últimos en declarar ayer fueron Alberto A.A., hijo del administrador de Arborimar y Mariroad, y sus yernos Álvaro P.M. y Manuel C.S.

La jueza instructora, Montserrat Peña, titular del juzgado de Instrucción número 2 de Almería, les imputa los delitos de blanqueo, malversación y falsedad.

Los mismos delitos ha imputado a Yolanda G.P., hija del empresario madrileño Juan Antonio G., para la que decretó ingreso en prisión con una fianza de 50.000 euros.

A la esposa de este empresario, María Gema P.M. se le atribuyen los mismos cargos, aunque la juez no ha ordenado su ingreso en prisión, sino la medida cautelar de presentarse en el juzgado los días 1 y 15 de cada mes, además de retirarle el pasaporte.

Durante la jornada de hoy está previsto que declaren ante la juez los principales imputados: el alcalde de El Ejido, Juan Enciso, el interventor municipal, José Alemán, y el empresario madrileño Juan Antonio G.

De las 20 personas detenidas por la Policía Nacional en la operación Poniente, culminada el martes con el registro del ayuntamiento de El Ejido, ya prestaron declaración doce.

En la operación también fueron registrados los domicilios de los detenidos, así como las sedes de doce sociedades y de la Empresa Mixta de Servicios Municipales SA (El Sur).

A los detenidos se les imputan los delitos continuados de blanqueo de capitales, malversación de caudales públicos, cohecho, tráfico de influencias y falsedad en documento mercantil, según informó la Fiscalía Anticorrupción.