AGENCIAS | MADRID / BARCELONA
Nuevo golpe a la corrupción en la provincia de Barcelona. El ex conseller de la Generalitat Maciá Alavedra; el ex secretario general de la Presidencia Lluís Prenafeta, y el alcalde socialista de Santa Coloma de Gramenet, Bartomeu Muñoz, son tres de las ocho personas detenidas en una operación contra la corrupción desarrollada ayer.
En la operación, dirigida por el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, también fueron arrestados por la Guardia Civil el teniente de alcalde y concejal de Urbanismo de esta localidad, Manuel Dobarco; el director gerente de Servicios, Pascual Vela, y el ex diputado del PSC Luis García. A estos se suman dos empresarios de la construcción, Josep Singla, de la inmobiliaria Proinosa, y Luis Casamitjana, presidente del grupo inmobiliario Espais.
A los detenidos se les imputan los delitos de tráfico de influencias, blanqueo de capitales y cohecho. La operación permanecía abierta al cierre de esta edición por lo que no se descartaban nuevos arrestos.
Desde primera hora de la mañana, agentes del instituto armado registraron la sede del Ayuntamiento de Santa Coloma. También inspeccionaron la sede de la empresa municipal de promoción inmobiliaria Gramepark SA y de la empresa municipal de promoción empresarial Grameimpuls SA. La Guardia Civil investiga si la red operaba a través Gramepark, presidida por uno de los detenidos, el concejal de Urbanismo de Santa Coloma, Manuel Dobarco.
Los investigadores tratan de averiguar si esta empresa municipal, que nació hace veinte años como constructora de aparcamientos, fue utilizada por la trama de corrupción, que presuntamente operaba mediante la adjudicación de obras y servicios vinculados a la construcción.
Fraude
La operación deriva de una investigación abierta en la Audiencia Nacional en 2007 a raíz de los datos que aparecieron en el sumario de BBVA Privanza, que investigó un presunto fraude cometido a través del paraíso fiscal de Jersey. En este fraude se vieron implicados varios bufetes de abogados, entre ellos el barcelonés Petrus, con el que se relaciona a algunos de los detenidos ahora por orden del juez Garzón.
Las investigaciones al BBVA Privanza, filial de la entidad bancaria especializada en la gestión de grandes patrimonios y radicada en Jersey, se iniciaron en mayo de 2000 tras el hallazgo en una de las sucursales del banco de un "manual de productos fiduciarios" y una "cuenta corresponsal".
Las pesquisas sobre el origen y destino de los fondos que circulaban por esa cuenta y el rastro de las transferencias llevaron hasta varios despachos de abogados, entre ellos Petrus, que según la investigación cooperaron presuntamente en una operativa para defraudar al fisco y de ese modo "optimizar fiscalmente" los ahorros de sus clientes, informa OTR/Press.
La causa en la que Garzón investigó a los directivos del BBVA Privanza procedía a su vez del sumario sobre la gestión económica de la Expo del 1992 y el supuesto cobro de comisiones, después de que el Tribunal de Cuentas detectará perdidas de 35.000 millones de pesetas.
Los partidos se hicieron rápidamente eco del caso y desde el Partido Socialista Catalán dejaron claro que se expulsará al alcalde de Santa Coloma, así como al teniente de alcalde y concejal de Urbanismo si se les imputa algún delito. Por su parte, CiU enmarcó las detenciones de Alavedra y Prenafeta en el ámbito privado y destacaron que están desde hace años lejos de la cúpula de CiU.
Desde el Gobierno de la Generalitat, el conseller de Interior, Joan Saura, aseguró que el Gobierno catalán se mantendrá "intolerante" ante cualquier posible caso de corrupción en Cataluña por lo que pidió a los ciudadanos que en "estos momentos difíciles" mantengan su "confianza" en las instituciones y el Estado de Derecho.
Por su parte, Antoni Fogué, presidente de la Diputación de Barcelona, concejal en Santa Coloma de Gramanet y marido de la diputada socialista, Manuela de Madre se perfila en estos momentos como sustituto del actual alcalde de Santa Coloma, Bartomeu Muñoz, a la espera de lo que dictamine el juez tras detener a Muñoz en el marco de la operación anticorrupción.
Ya son 18 los regidores en ejercicio detenidos por implicación en delitos de corrupción urbanística desde 2006. Bartomeu Muñoz fue detenido un día después de que lo fuera el regidor de Castro de Rei (Lugo), Juan José Díaz Valiño, que no está incluido en esta relación debido a que los delitos de los que se le acusa son prevaricación y tráfico de influencias por supuestas irregularidades en la tramitación de expedientes en Tráfico.
Los detenidos son: Marisol Yagüe, del GIL. Ex alcaldesa de Marbella, detenida en de 2006, en la operación Malaya. Francisco Valido, del PP. De Telde (Gran Canaria), arrestado en noviembre de 2006, en el caso Faycan. Eugenio Hidalgo, del PP de Andratx (Mallorca), detenido en noviembre de 2006. Juan Martín Serón, del PP, alcalde de Alhaurín (Málaga), detenido en enero de 2007. José Francisco González, del PP, de Mogán (Gran Canaria), detenido en la operación Góndola en 2007, el mismo año que José Martínez Andreo, del PP de Totana (Murcia). Cándido Trabalón, alcalde de Zurgena (Almería), detenido en abril de 2008, en la operación Costurero. Daniel García Madrid, del PP, alcalde de Torre Pacheco (Murcia), detenido en abril de 2008. Antonio Barrientos, del PSOE, alcalde de Estepona (Málaga), detenido en junio de 2008. Juan Cardona (independiente) y alcalde Benitatxell (Alicante). Juan Rubio, independiente de Zarra (Valencia), detenido en octubre de 2008. José Moya, del PSOE, alcalde de Bigastro (Alicante). José Martínez, del PP de Librilla (Murcia). Este año se ha detenido a Fernando Muguruza, de Castro Urdiales; a José Martín, del PSOE, de Alcaucín (Málaga); a José Manuel Martín, del PSOE de Alcaucín (Málaga) y María Victoria Pinilla, del PAR, en La Muela.
.gif)
