AGENCIAS | BARCELONA
La Guardia Civil detuvo ayer en Madrid a otro presunto implicado en el caso Pretoria, el consejero delegado de la empresa de limpieza con delegación en Santa Coloma de Gramenet (Barcelona) Limasa Mediterránea, Manuel Carrillo.
Limasa Mediterránea, con sede en Madrid y casi 30 años de trayectoria, cuenta con delegaciones en Santa Coloma, Sant Vicenç dels Horts, Martorell (Barcelona), Zaragoza, Segovia, Toledo, Cádiz y Alicante. Está especializada en el sector público, y en concreto en la administración local, y en 2008 contaba con una plantilla anual de unas 2.500 personas. En 2007 superó los 42 millones de facturación, informa Europa Press.
Con éste, ya son nueve los detenidos por la trama de corrupción urbanística que investiga el juez de la Audiencia Baltasar Garzón, sobre el presunto cobro de comisiones por parte del Ayuntamiento de Santa Coloma por ofrecer tratos de favor a empresas.
Los implicados en la trama desmantelada por Garzón se dedicaban a invertir en proyectos inmobiliarios sobornando a ediles, como el alcalde Bartomeu Muñoz, para que recalificaran suelo. Quienes contactaban con todos los interesados, personas como Macià Alavedra y Lluís Prenafeta, se llevaban una comisión y ayudaban a evadir dinero a cuentas de paraísos fiscales. Así las cosas, la Sindicatura de Cuentas ya había alertado en 2007 al Parlament de "irregularidades" en la gestión de las empresas del Ayuntamiento barcelonés de Santa Coloma de Gramenet en un informe que presentó en la cámara en que fiscalizaba sus cuentas del año 2003. Pese a la denuncia, ningún grupo le hizo caso ni pidió explicaciones en la comisión parlamentaria del síndico, indicaron fuentes parlamentarias.
El informe fiscalizador, de más de 120 páginas, analiza las cuentas del Ayuntamiento en 2003 y constató "numerosas irregularidades que ponen de manifiesto graves deficiencias en la elaboración, contabilización y control de los expedientes de obras" en los encargos que hizo a sus dos empresas públicas dedicadas a la construcción y gestión de obra pública y equipamientos: Gramepark y Grameimpuls. La Sindicatura recomendó en su informe al Sonsistorio "que se establezcan mecanismos que permitan un adecuado control y supervisión" para garantizar el cumplimiento de la normativa vigente.
Entre las "numerosas incidencias, destacan encargos de obra del ayuntamiento de Santa Coloma posteriores a la selección del contratista, modificaciones de la obra efectuadas con anterioridad a la autorización del ayuntamiento barcelonés, desviación del presupuesto hasta tres veces superior al importe presupuestado inicialmente, pagos de obras mediante permuta, y expedientes de obras encargados a empresas municipales "incompletos pese a ser de informes significativos".
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