SELINA OTERO | A CORUÑA
El pontevedrés Manuel Dobarco Touriño, teniente de alcalde y edil de Urbanismo del Ayuntamiento barcelonés de Santa Coloma de Gramenet, es uno de los nueve detenidos en la trama de corrupción desarticulada por el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón.
El político socialista, que emigró a Cataluña en los años sesenta desde el municipio de Cotobade, es el responsable de la gestión urbanística, la principal causa que ha llevado a la justicia a investigar el municipio catalán. Además, Dobarco ocupa la presidencia de Gramepark SA, la empresa municipal de promoción inmobiliaria, que el juez Garzón sitúa como matriz de la trama.
La operación Pretoria, que tras siete años de investigación y escuchas a altos cargos del municipio de Santa Coloma de Gramenet (Barcelona) tomó forma esta semana con la detención de nueve políticos vinculados a PSC y CIU por orden del juez Baltasar Garzón, ya ha sido calificada por parte del pueblo catalán como "la Marbella dos".
Se trata de la mayor trama de corrupción urbanística destapada en Cataluña y una de las mayores de España. Tráfico de influencias, blanqueo de capitales, cohecho y hasta 20 millones de euros en beneficios gracias a la recalificación de terrenos son algunas de las acusaciones a las que se enfrentan los implicados, que ayer empezaron a prestar declaración ante la Guardia Civil y mañana lo harán ante el Juez de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón.
Entre los detenidos figuran dos ex altos cargos de los gobiernos de CiU (Maciá Alavedra y Lluís Prenafeta), además del constructor Jopsep Singla (presidente de Proinosa), Lluís Casamitjana (presidente del grupo inmobiliario Espais), Luis García Sáez (ex propietario del grupo constructor AGT) y el empresario Manuel Carrillo, detenido ayer (un día después de destaparse la trama) en Madrid.
El teniente de alcalde y concejal socialista Manuel Dobarco, arrestado junto al alcalde del municipio, Bartolomeu Muñoz, y el director gerente de servicios, Pascual Veiga, está en el punto de mira no sólo por la cartera que ostenta, la de Urbanismo, sino porque es el actual presidente de Gramepark SA, la empresa municipal de promoción inmobiliaria, aparcamientos y servicios, considerada la matriz de la trama.
"Simpático, humilde, de total confianza y muy buena gente". Así definen al edil de Urbanismo, natural de la parroquia de Viascón (en el concello de Cotobade), sus compañeros del Centro Cultural y Social Airiños da Nosa Galicia de Santa Coloma de Gramenet, una de las entidades de gallegos en el mundo de la que Dobarco es secretario. Este pontevedrés está vinculado a esta asociación "casi desde su fundación", según el presidente de la entidad, Carlos Río Quiñoy.
"Estamos todos consternados y muy sorprendidos. Nos parece increíble que pueda haber ocurrido esto; para nosotros es como un familiar. Se pasa todos los días por aquí, a charlar y a tomarse un vino a última hora, con los vecinos", manifestó ayer Carlos Río, quien añadió: "Hoy (por ayer) es el primer día que no aparece por el centro, estamos todos muy tristes, pero confiamos en que todo se aclare pronto y lo dejen libre".
Han pasado más de cuarenta años desde que Manuel Dobarco Touriño, actualmente casado y con tres hijos, decidió abandonar la parroquia cotobadense de Viascón para buscarse la vida en Cataluña. "Es muy hablador, siempre está charlando y riendo. Cuenta que cuando vino se puso a trabajar en la Seat, luego se pasó al sindicato y, poco después, la política lo llevó al ayuntamiento barcelonés de Santa Coloma", añadió el presidente. A pesar de los años, Dobarco sigue hablando gallego con los 140 socios del centro. Cada verano, y alguna que otra Navidad también, regresa a su casa familiar de Cotobade para visitar a su madre y sus dos hermanos.
El presidente de la Generalitat, José Montilla, pidió ayer en el Parlament catalán a los partidos de Cataluña que "actúen con contundencia" para dignificar la política ante los presuntos casos de corrupción urbanística en esa comunidad y las últimas detenciones. Montilla argumentó además, a través de un comunicado, que la política exige una reacción "clara, contundente, transparente y ejemplar" y que los únicos valores que deben guiar el ejercicio de los cargos públicos son la verdad y la dignidad. "No todos los políticos somos iguales", aseveró. "Entiendo el desánimo, la irritación, la pena o el juicio severo y generalizado. Pero pido confianza en nuestras instituciones", añadió.
Montilla subrayó que el Gobierno catalán actuará en consecuencia ante cualquier delito de corrupción y abogó por iniciar una profunda reflexión sobre cómo se puede mejorar el comportamiento ético de las instituciones catalanas. Según sus palabras, cada partido hará "el ejercicio de autocrítica y depuración de forma ejemplar y pública" e instó a todos los líderes políticos a colaborar plenamente con la justicia y a responder con una actuación contundente.
"Con esta respuesta lograremos evitar que la política se aleje del alma y el corazón de los ciudadanos", añadió Montilla, quien recordó que el caso Pretoria llega cuando la sociedad catalana todavía no ha salido de la "incredulidad" generada por el caso Millet, en el que de forma reiterada se "expolió" una institución centenaria, el Palau de la Música, "un símbolo de Cataluña".
Desde las filas populares, Daniel Sirera aseguró que la justicia debe actuar y, además, constató que Cataluña tiene mecanismos para perseguir la corrupción, como la Sindicatura de Cuentas, la Oficina Antifraude y el Parlament, a través de las comisiones de investigación que puedan crearse.
Por su parte, el presidente de la Asociación de Promotores y Constructores de Edificios de Barcelona, Enric Reyna, pidió ayer que no se prejuzgue "antes de tiempo ni a personas ni al conjunto del sector". Reyna rompía de este modo el silencio que ayer invadía el salón inmobiliario Barcelona Meeting Point, donde nadie quiso comentar públicamente su opinión sobre la trama destapada por Garzón.
"Leyendo los diarios todavía es imposible saber qué se imputa a quién, por lo que pedimos prudencia y que sobre todo se tenga en cuenta la presunción de inocencia", señaló Enric Reyna. Para el portavoz de los promotores y constructores, "evidentemente si alguien ha hecho algo mal ha de rendir cuentas a la justicia, pero se han de evitar generalizaciones en este momento, en el que ya todo el mundo parece culpable antes de declarar".
Reyna aprovechó para hacer un llamamiento a la sociedad con el objetivo de "no demonizar al sector inmobiliario ni tampoco prejuzgar a los detenidos antes de saber de qué se les acusa".
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