REDACCIÓN / AGENCIAS | A CORUÑA / BARCELONA Un día después de que el juez Baltasar Garzón decretara el ingreso en prisión de cinco cargos políticos y ex dirigentes de CiU y PSC por su vinculación con una trama de corrupción urbanística, ambos partidos ya han tomado cartas en el asunto. El comité ejecutivo de CDC ha decidido suspender temporalmente de militancia a los dos ex altos cargos de los gobiernos de Jordi Pujol, Macià Alavedra y Lluís Prenafeta, por el caso Pretoria. El PSC no se quedará atrás: mañana expulsará del partido a sus tres militantes implicados: el alcalde de Santa Coloma, Bartomeu Muñoz, el teniente de alcalde Manuel Dobarco, natural de la localidad pontevedresa de Cotobade, y el director de servicios municipales Pascual Vela.

El portavoz de CiU en el Parlament de Catalunya, Oriol Pujol, insistió en que su formación "no forma parte de esta supuesta trama política, aunque algunos pretendan involucrarnos". Según dijo, la suspensión de militancia de Macià Alavedra y Lluís Prenafeta se prolongará "hasta que se esclarezcan los hechos" que investiga el juez Garzón con el objetivo de facilitar la defensa de ambos. En su opinión, la militancia de los encarcelados "entorpece su capacidad y voluntad de mostrar su inocencia" porque el caso adquiere una notoriedad que enaltece la trama investigada y eso les perjudica. El portavoz de la federación señaló que la suspensión se ha decidido sin hablar directamente con los acusados, aunque se mantienen "a la espera" de poder contactar con ellos en las próximas horas para conocer su situación de primera mano.

Oriol Pujol transmitió "su apoyo y afecto" a los imputados y a sus familias, que "están pasando por unos momentos muy malos", y declaró que su encarcelación ha producido "consternación" en las filas de su partido, también en el ex presidente de la Generalitat Jordi Pujol, quien mantuvo una estrecha relación con ambos.

No obstante, el portavoz quiso desmarcar a CiU de las supuestas irregularidades y recordó que la última responsabilidad política de Alavedra fue hace 12 años y la de Prenafeta hace 19. "CiU no forma parte de esta supuesta trama política, aunque algunos pretendan involucrarnos", aseveró al tiempo que señaló que Garzón investiga a los detenidos por actuar como intermediarios en la trama desde el ámbito de sus actividades privadas.

Pujol recordó que el alcalde de Santa Coloma de Gramanet, Bartomeu Muñoz, era también vicepresidente de la Diputación de Barcelona y responsable del PSC de la región del norte de la provincia, por lo que extendió a los socialistas catalanes la duda de que la trama no tenga mayor alcance en su formación. Así, señaló que las conexiones de los cargos electos y de los responsables políticos del PSC "permiten pensar que se puede ir más allá" en la investigación y eso es algo que le corresponde aclarar al PSC.

Del mismo modo, el portavoz Pujol lamentó la "exagerada notoriedad" que se ha dado al caso y las imágenes de los imputados, esposados y con una bolsa de plástico con sus pertenencias entrando a declarar. Además, solicitó a la justicia "celeridad y eficacia" y pidió a Ayuntamientos de Santa Coloma de Gramanet, Badalona y Sant Andreu de Llaveneres la "máxima colaboración" para esclarecer los hechos.

Garzón atribuye a Lluís Prenafeta y a Macià Alavedra haber percibido al menos 637.590 euros cada uno por operaciones inmobiliarias en Sant Andreu de Llavaneres (operación Niesma) y en Badalona, "no excluyéndose otras cantidades", según el auto del juez. Alavedra, además, dispone de cantidades fuera de España y ha desarrollado "actividades de blanqueo de capitales".