PSC y CDC expulsan a sus militantes encarcelados

REDACCIÓN Las ejecutivas de PSC y CDC formalizarán la suspensión de militancia de sus militantes encarcelados de forma preventiva por el juez de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, en el marco de la operación Pretoria sobre corrupción urbanística en varios ayuntamientos catalanes.

La Comisión Ejecutiva del PSC expulsará del partido al alcalde de Santa Coloma de Gramenet y vicepresidente de la Diputación de Barcelona, Bartomeu Muñoz; al concejal de Urbanismo, Manuel Dobarco, y al director de Servicios Municipales, Pascual Vela, ahora que el juez Garzón ha decretado prisión incondicional para los dos primeros y fianza de 25.000 euros para el último por su implicación en la trama destapada en Catalunya.

Los socialistas catalanes propondrán, además, al pleno del Ayuntamiento de Santa Coloma de Gramenet la elección inmediata de un nuevo alcalde, que previsiblemente será Antoni Fogué, presidente de la Diputación de Barcelona y concejal de Santa Coloma.

También nombrará dos comisiones gestoras de la agrupación de Santa Coloma y la federación socialista del Barcelonès Nord --cuyo secretario primero es Muñoz desde 1981--, y sus funciones ejecutivas las tomará la Secretaría de Organización del PSC.

Los convergentes, contra Alavedra y Prenafeta

Por su lado, el Comité Ejecutivo Ordinario de CDC suspenderá temporalmente de militancia hasta que se esclarezcan los hechos a los dos ex altos cargos de los gobiernos de Jordi Pujol que se encuentran en prisión por su supuesta vinculación con la trama de corrupción urbanística, Macià Alavedra y Lluís Prenafeta.

Pese a que en un principio el partido anunció que la suspensión se había decidido sin hablar directamente con los acusados, por la imposibilidad de contactar con ellos, posteriormente rectificó diciendo que este trámite se produciría a petición propia de los acusados en su intención de "demostrar su inocencia al margen de cualquier vinculación política", explicaron sus abogados a la formación.

La acusación de Alavedra y Prenafeta ha provocado consternación entre las filas convergentes, especialmente en el ex presidente de la Generalitat Jordi Pujol, quien mantuvo una relación estrecha con los detenidos.

El portavoz de CiU en el Parlament y miembro del Comité Ejecutivo de CDC, Oriol Pujol, insistió ayer en la necesidad de desmarcar a CiU y CDC de los supuestos delitos y recordó que no se encuentra imputado ningún cargo electo del partido.