AGENCIAS
La querella del PSPV-PSOE concluye que el ex secretario general del PPCV Ricardo Costa canalizaba los pagos en B a la trama Gürtel, que el vicepresidente primero, Vicente Rambla, controlaba las adjudicaciones a estas empresas y que el president de la Generalitat, Francisco Camps, era "el último responsable".
Los socialistas valencianos ha presentado hoy, en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, una querella por los delitos de cohecho, malversación, falsedad, financiación irregular, prevaricación, alteración contable y delito fiscal contra el president del Gobierno valenciano, Francisco Camps.
La querella también se dirige contra otros dirigentes del PP como Ricardo Costa, David Serra y Yolanda García, miembros del Consell como el vicepresidente Vicente Rambla, dirigentes de la trama "Gürtel" como Francisco Correa y Álvaro Pérez, y constructoras como FACSA, Enrique Ortiz, Sedesa y Lubasa.
La querella, que cita los hechos denunciados en dos informes de la Brigada de Blanqueo de Capitales de la Policía, señala que la facturación de Orange Market al PPCV "se realiza bajo una doble facturación, una real bajo la nomenclatura Alicante, y otra sin factura y opaca, bajo la denominación Barcelona".
En este entramado se señala que Costa era "el responsable de canalizar los pagos en B a Orange Market", mientras que Rambla "tendría como función controlar las adjudicaciones de la administración pública valenciana a las empresas del grupo Francisco Correa, así como la financiación de los empresarios".
El vicesecretario de Organización del PPCV, David Serra, sería el encargado de "eliminar determinados conceptos, preparar talones y fijar con Álvaro Pérez la cifra global del abono", mientras que la tesorera, Yolanda García, libraría "los fondos a indicaciones de Ricardo Costa".
Por su parte, se señala que Francisco Camps era "el último responsable a quien se acude en última instancia para resolver los problemas derivados de las deudas, los pagos o los cobros" y se recuerda que en las grabaciones telefónicas de los informes "se hacen constantes referencias al mismo como conocedor de los hechos".
"La financiación de la deuda A (Alicante) se realiza mediante emisión de facturas", de tal forma que un recibo de un acto realizado por el PP "se transforma en otra emitida para empresas privadas" y cambios en la descripción del concepto del servicio prestado.
En cuanto a la financiación de la deuda B, ésta se sufraga "con las aportaciones directas de empresarios de la Comunitat Valenciana", que luego "enmascaraban dichas aportaciones mediante la emisión de facturas emitidas por Orange Market, y con entregas directas de dinero anotado en la caja B" de esta empresa, "como procedentes del PP", explican.
Así concluyen, siempre según los informes policiales, que "los citados empresarios han sido adjudicatarios de contratos por la Administración pública valenciana en compensación de los favores realizados para la formación política del PP sufragando actos políticos".
En este sentido relata que estas empresas obtuvieron contratos por 1.000 millones de euros, y concreta que Enrique Ortiz obtuvo entre 2005 y 2008 contratos por 205 millones de euros; FACSA 13 millones de euros entre 2005 y 2009; Sedesa 539 millones de euros, Lubasa de 77 millones y el Grupo PIAF de 201.
Entre los hechos citados en la denuncia se encuentra la "doble facturación" del Congreso Regional del PP de Valencia en 2002, cuando Camps era secretario general, o la adjudicación a una empresa constructora, TECONSA, la sonorización de la visita del Papa Benedicto XVI a Valencia.
En cuanto a los cabecillas de la trama Gürtel; Francisco Correa, Pablo Crespo y Álvaro Pérez, se dice que son "los que daban órdenes para los cobros en B, las alteraciones de la contabilidad y de la facturación".
