AGENCIAS | VALENCIA
El PSOE presentó ayer ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana una querella por financiación irregular, cohecho, malversación, falsedad, prevaricación, alteración contable y delito fiscal contra 17 personas, entre ellas, el presidente de la Generalitat valenciana, Francisco Camps, el vicepresidente primero y conseller de Industria, Vicente Rambla, el ex secretario general del PP valenciano Ricardo Costa y los considerados principales responsables de la trama Gürtel en Madrid, Francisco Correa, Pablo Crespo y Álvaro Pérez El Bigotes.
El portavoz del grupo socialista en las Corts valencianas, Ángel Luna, aseguró que las investigaciones derivadas de esta actuación permitirán probar la "vinculación estrecha" de la dirección del PP y de los máximos responsables del Consell con su presidente, Francisco Camps, "a la cabeza" con una "gigantesca trama de corrupción" de carácter "internacional".
En la querella se incluye, asimismo, a diversos empresarios de la construcción como Enrique Gimeno, presidente de Facsa; Enrique Tomás Ortiz, administrador único de Enrique Ortiz e hijos SA; Antonio Pons, presidente del grupo Piaf; Vicente Cotino, administrador de Sedesa, y Luis Batalla, administrador de Lubasa.
La lista se completa con el vicesecretario de Organización del PP valenciano, David Serra; la tesorera, Yolanda García; la directora general de Promoción Institucional de la Generalitat, Dora Ibars; el ex director de RTVV, Pedro García; el miembro del Consejo de Administración de Orange Market, Cándido Herrero; y el apoderado de Special Events, José Luis Izquierdo.
Así lo señaló el portavoz socialista, quien considera que las investigaciones derivadas de la acción permitirán probar la "vinculación estrecha" de la dirección del PP valenciano y de los máximos responsables del Consell, con su presidente, Francisco Camps "a la cabeza", con una "gigantesca trama de corrupción", de carácter "internacional". Luna no ve descabellado que las futuras investigaciones saquen a la luz nuevos "actos delictivos".
Preguntado por la opinión de la dirección nacional del PSOE acerca de la querella, Luna asegura que no ha presentado "ninguna reticencia" aunque ha puntualizado que ha sido la dirección de los socialistas valencianos quien ha adoptado la "decisión oportuna".
El portavoz socialista explicó que la querella se presenta "después de que se hayan rechazado en sede parlamentaria más de 450 preguntas sobre contrataciones con las empresas implicadas".
Camps, el responsable
La querella del PSPV-PSOE concluye que el ex secretario general del PP valenciano Ricardo Costa canalizaba los pagos en B a la trama Gürtel, que el vicepresidente primero, Vicente Rambla, controlaba las adjudicaciones a estas empresas y que el president de la Generalitat, Francisco Camps, era "el último responsable".
La querella, que cita los hechos denunciados en dos informes de la Brigada de Blanqueo de Capitales de la Policía, señala que la facturación de Orange Market al PP "se realiza bajo una doble facturación, una real bajo la nomenclatura Alicante, y otra sin factura y opaca, bajo la denominación Barcelona".
En este entramado se señala que Costa era "el responsable de canalizar los pagos en B a Orange Market", mientras que Rambla "tendría como función controlar las adjudicaciones de la administración pública valenciana a las empresas del grupo Francisco Correa, así como la financiación de los empresarios".
El vicesecretario de Organización, David Serra, sería el encargado de "eliminar determinados conceptos, preparar talones y fijar con Álvaro Pérez la cifra global del abono", mientras que la tesorera, Yolanda García, libraría "los fondos a indicaciones de Ricardo Costa".
Por su parte, se señala que Francisco Camps era "el último responsable a quien se acude en última instancia para resolver los problemas derivados de las deudas, los pagos o los cobros" y se recuerda que en las grabaciones telefónicas "se hacen constantes referencias al mismo como conocedor de los hechos".
El PSOE asegura que el Consell adjudicó 1.000 millones a 5 constructoras que supuestamente sufragaron actos del PP valenciano.
