AGENCIAS | BARCELONA El Gobierno catalán encargó ayer a las diversas consellerías un paquete de medidas destinadas a mejorar la transparencia, la gestión del planeamiento urbanístico y la contratación pública con la finalidad de luchar contra la corrupción, medidas que se prevén que se apliquen antes de final de año.

El conseller de Política Territorial y Obras Públicas, Joaquim Nadal, precisó que en quince días tendrán que estar ya ultimadas y empezar su tramitación, ya sea por vía de decretos ley o de incluirlas en la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos.

El objetivo, dijo Nadal, es que todas las medidas puedan estar ya aprobadas antes de final de año -entre ellas figurará un primer conjunto que afecta a su Departamento- y tienen como finalidad incrementar el control sobre las transacciones con la propiedad del suelo, evitar que las plusvalías generadas por el urbanismo no reviertan sólo en los propietarios, y la creación de un registro de convenios urbanísticos.

Además, el gobierno aprobará una modificación de la Ley de la Sindicatura para "reforzar el cumplimiento de la obligación de los ayuntamientos de rendir cuentas" a este organismo fiscalizador, y también se cambiará la Ley de Patronatos y Fundaciones con el objetivo de limitar las aportaciones económicas a los partidos. Según Nadal, el propósito global del gobierno de la Generalitat es procurar la transparencia, el control democrático y también la lucha contra la corrupción, contra la cual advirtió "será implacable y tendrá tolerancia cero".

Renuncia en Santa Coloma

Los abogados del ex alcalde de Santa Coloma Bartomeu Muñoz y del concejal de Urbanismo, Manuel Dobarco, harán llegar hoy al consistorio las renuncias por escrito de ambos a sus actas de concejales, tras visitarlos en la cárcel de Soto del Real (Madrid). Fuentes municipales informaron de que, tras recibir esta comunicación, el alcalde provisional, Joan Carles Mas, convocará a los otros partidos para convocar el pleno extraordinario en el que se debe elegir al nuevo alcalde.