AGENCIAS | MADRID
El Consejo de Ministros aprobó para su envío al Parlamento el proyecto de ley de Reforma del Código Penal que endurece las penas para delitos de corrupción, abusos sexuales a menores o terrorismo con el fin de "lograr un claro equilibrio entre la gravedad de la pena y el delito". Así lo dijo el ministro de Justicia, Francisco Caamaño, tras el Consejo de Ministros, donde destacó la inclusión en el proyecto del delito de piratería, sin regular.
En este proyecto se recogen algunas de las recomendaciones formuladas por el Consejo de Estado, el Consejo Fiscal y el Consejo General del Poder Judicial, que en sus respectivos informes expusieron algunas críticas al proyecto.
En concreto, la reforma establece una serie de medidas de control extraordinarias para terroristas y delincuentes sexuales -especialmente pederastas-, entre las que se incluye un periodo de libertad vigilada de 10 años revisable una vez que hayan cumplido su condena.
El anteproyecto que fue enviado al CGPJ contemplaba para esa libertad vigilada un periodo de 20 años pero los jueces consideraron que era de "difícil justificación".
Otra de las novedades de la reforma es la sustitución de la pena de cárcel para los delitos de venta de material audiovisual ilegal, el conocido como top manta, por penas alternativas de trabajo de servicio a la comunidad.
Una de las medidas con mayor trascendencia del proyecto es la relativa a los delitos de corrupción, ya que, entre otras cosas, se contempla el delito de corrupción entre particulares y la responsabilidad de las personas jurídicas, se tipifica de manera más exhaustiva el delito de cohecho, también en el ámbito empresarial, y se aumentan las penas para delincuentes urbanísticos, que se verán privados de sus ganancias.
Tanto la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, como el titular de Justicia, Francisco Caamaño, destacaron la importancia de esta reforma penal para ser "implacables" en la lucha contra la corrupción.
Se trata de un proyecto, según el ministro, hecho desde la responsabilidad, que no es una "reacción irreflexiva" ante casos que han generado alarma social y que busca un "equilibrio claro entre la gravedad del delito y la pena".
Además, se faculta a los jueces para que ponderen la "individualidad" de las penas que imponer según cada caso, y se establecen para delitos de menor gravedad "alternativas punitivas", como trabajos en beneficio de la comunidad.
La protección a los menores también se refuerza con un régimen penal agravado cuando la víctima es menor de 13 años y se incluyen figuras como el tráfico de órganos o los ataques informáticos.
En relación al terrorismo, Caamaño destacó como un avance que se declare la "imprescriptibilidad" de los delitos cuando existan víctimas. El ministro dijo que "se trata de una reforma cuantitativa y cualitativa", ya que supone la modificación de más de 130 artículos.
