S. L. | MADRID
Un año después de que el juez Baltasar Garzón remitiera a los juzgados territoriales la investigación sobre los crímenes del franquismo, los familiares de los desaparecidos en la Guerra Civil y la dictadura se debaten entre la decepción y el escepticismo ante la falta de respuesta de los tribunales. El 18 de noviembre de 2008 el magistrado se inhibió y trasladó las denuncias de los familiares de las víctimas a juzgados de Instrucción de toda España, que por lo general han archivado o ignorado el asunto.
Pasado un año, es Garzón quien está siendo investigado en el Tribunal Supremo por posible prevaricación por declararse competente para esta causa, mientras que se pueden contar con los dedos de la mano los casos en los que se han abierto fosas por orden judicial.
Pese a ello, los familiares de las víctimas no desisten y las asociaciones de memoria histórica siguen buscando por su cuenta y realizando excavaciones con la ayuda de miles de voluntarios.
