AGENCIAS | MADRID PSOE y PP juntos. Algo extraño, sobre todo en los últimos días. La alianza de los dos partidos mayoritarios en el Congreso estuvo motivada por la moción del PNV que pretendía la supresión de subvenciones a entidades, tanto públicas como privadas, que no quiten los símbolos franquistas, o que se reconozca como víctimas del franquismo a miembros de bandas armadas que fueron asesinados o torturados entre enero de 1968 y octubre de 1977, día en el que entró en vigor la ley de amnistía.

Los socialistas, en su momento, ya enmendaron el textos de los nacionalistas vascos. Estos rechazaron la propuesta por considerarla insuficiente. Por el contrario, sí aceptaron las enmiendas de CiU, ERC, y parte de las de IU-ICV, que apoyaron la moción como también hicieron el BNG, Nafarroa Bai y Coalición Canaria.

El principal objetivo de la moción del PNV era que los partidos que propiciaron la aprobación de la ley de memoria, tras pactar su contenido con el Gobierno y el PSOE, obligasen al Ejecutivo a mantenerse fiel a unos compromisos que, según los nacionalistas vascos, han sido "traicionados".

No obstante, la discusión se centró en la posible concesión de indemnizaciones a etarras. El diputado del PNV Aitor Esteban acusó al Gobierno de haber traicionado todo el acuerdo que selló con algunos grupos al negar esas ayudas a ex miembros de bandas armadas.

Esteban denunció que el "beneficio de la duda" que, según constató, se dio a personas como Mario Onaindía, Teo Uriarte o Jon Juaristi, no se pueda dar al anarquista Salvador Puig Antich o a los etarras Txiki y Otaegi. Hay más. Recordó que el Supremo dio por buena la concesión de una medalla como víctima del terrorismo al "conocido torturador Melitón Manzanas", alegando, según su interpretación, que este comisario se hubiera "podido convertir en un defensor de las libertades" al llegar la amnistía.

Esteban, además, se quejó de que "a Melitón Manzana se le reconoce que quizá podría haber sido un gran demócrata, mientras que a los demás no se les concede el beneficio de la duda".

Joan Tardá, portavoz de ERC, afirmó que "la lucha armada puede ser legítima bajo un régimen dictatorial", matizando que es "miserable bajo un régimen de "libertades". Por otro lado, desde CiU, Jordi Jané, avisó al Gobierno de que su actitud respecto a la Ley de Memoria genera "desasosiego" y "frustración".

Finalmente, Barrio de Penagos, del PSOE, admitió que la discusión sobre las indemnizaciones a quienes empuñaron las armas contra la dictadura es "interesante", pero no podía aceptar la propuesta del PNV.

Quien sí replicó con contundencia al PNV fue el diputado del PP Jorge Fernández, quien tildó esta reivindicación de "barbaridad lamentable e indigna de un Estado de Derecho".