AGENCIAS | MADRID
El Tribunal Supremo avaló ayer el sistema de escuchas Sitel en un fallo sobre una sentencia, en la que rechaza el recurso de dos condenados por narcotráfico en Galicia, y recuerda que en otras resoluciones ya lo ha considerado "preferible a los modos de intervención anteriores a su implantación". El ponente del fallo fue el magistrado gallego Luciano Varela.
La sentencia del Supremo se hace pública en plena polémica sobre la legalidad del sistema de escuchas Sitel, cuestionada en las últimas semanas por el PP, en relación con el caso Gürtel, algunos de cuyos dirigentes han llegado a calificarlo de "inconstitucional e ilegal".
En el citado caso de narcotráfico gallego, los condenados por tráfico de cocaína Óscar Falcón y Carlos José García Jiménez denunciaron la vulneración del derecho al secreto de sus comunicaciones telefónicas, al considerar insuficiente el auto del juez instructor de la causa en Verín (Ourense). Este ordenó las escuchas mediante esta tecnología. Alegaron que el sistema es inconstitucional. Además, se quejaron de la deficiencia en el rango normativo regulador de las intervenciones. El Supremo rechaza ambos planteamientos.
Para ello, el tribunal alude a varias resoluciones anteriores en las que se reconoce igualmente la legalidad del sistema Sitel, como una dictada el 6 de julio en la que se fijaba el protocolo a seguir cuando se solicita la intervención telefónica como medio excepcional de investigación. En ésta, el Supremo insiste en que la actual ley de enjuiciamiento criminal "complementado con la doctrina de esta Sala y del Tribunal Constitucional, permite el eficaz control judicial necesario en una sociedad democrática" desde la exigencia del propio Convenio Europeo de Derechos Humanos.
También se tuvo por bueno Sitel en otra sentencia de este órgano, del 23 de marzo, en el que se planteaba si las conversaciones quedan bajo el control del Ministerio del Interior o de la autoridad judicial.
Un jarro de agua fría para el PP
La sentencia de la Sala de lo Penal del TS se hace pública en plena polémica sobre la legalidad del Sistema Integrado de Interceptación de las Telecomunicaciones, cuestionada en las últimas semanas por el PP, algunos de cuyos dirigentes llegaron a calificarlo de "inconstitucional e ilegal".
En estas circunstancias no es de extrañar que la decisión del alto tribunal haya caído como un jarro de agua fría sobre los populares, que han criticado los pinchazos telefónicos por orden judicial en el caso Gürtel.
Así, su vicesecretario de Comunicación, Esteban González Pons, afirmó que el Supremo "no es el órgano que tiene que avalar" el sistema, porque "lo tiene que avalar" una ley orgánica para que deje de ser un sistema de escucha "ilegal". Pons recalcó que la Constitución garantiza el derecho a la intimidad y al secreto de las comunicaciones y que, en su artículo 81, dice que "eso sólo puede limitarse por ley orgánica".
El portavoz de Justicia del PP, Federico Trillo, aseguró, por su parte, que la sentencia, al considerar al sistema "preferible" a los anteriores, pone en evidencia que carece de la necesaria "cobertura legal" de rango orgánico. Para Trillo, el fallo del Supremo viene a ratificar que Sitel sólo puede ser utilizado en delitos "muy graves" y con una motivación suficiente razonada.
El ex ministro popular quiso dejar claro que la jurisprudencia del Supremo "en modo alguno" puede suplir la necesidad de una norma orgánica, Constitución, que regule la incidencia que este sistema tiene en los derechos fundamentales.
En la línea del PP se manifestaron, entre otros, el juez decano de Madrid, José Luis González Armengol, y el vicepresidente del Consejo General del Poder Judicial, Fernando de Rosa, quienes defendieron que el sistema de interceptación de comunicaciones esté regulado por una ley orgánica para que haya más seguridad jurídica.
Desde el PSOE, su portavoz de Interior en el Congreso, Antonio Hernando, resaltó que la sentencia avala la constitucionalidad del sistema de escuchas Sitel y "echa por tierra" los argumentos esgrimidos por el PP que, destacó, sorprendentemente coinciden con los utilizados por los dos narcotraficantes.
Desde la Cámara Baja, Hernando celebró que el Supremo haya avalado por tercera vez la legalidad del citado sistema y que, además, haya constatado que no sólo es legal, sino que es "más garantista" que el anterior. A su juicio, con esta nueva sentencia, el tribunal "ha echado por tierra" las teorías del PP, al que exigió que abandone "de una vez" la "irresponsabilidad" de la que hace gala estos días.
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