AGENCIAS | VALENCIA / MADRID
La Generalitat valenciana estudiaría pedir la nulidad de parte del proceso del caso Gürtel que investiga a su presidente, Francisco Camps, si se comprobara que en las grabaciones telefónicas al jefe del Consell se utilizó el sistema Sitel, cuyo uso "vulneraría los derechos fundamentales" por la forma en que se está aplicando. Así lo apuntó la portavoz del Gobierno valenciano, Paula Sánchez, que no obstante puntualizó que la decisión aún no está tomada.
"Si fuera motivo para suspender, por supuesto que pediríamos la suspensión, la nulidad de actuaciones", dijo la consellera popular en Valencia, quien apuntó que "en cualquier caso no es una cuestión sobre la que en este momento pueda pronunciarme todavía". Así, insistió en que el Govern ya dio su opinión "en repetidas ocasiones" y, en este sentido, señaló: "Entendemos que no hay una suficiente regulación ni están suficientemente garantizados los derechos fundamentales, no con el sistema Sitel sino con la forma en que se está aplicando".
Sánchez agregó que "si se llegara a demostrar que han sido vulnerados los derechos fundamentales, ejerceríamos aquellas acciones que fueran necesarias para restituir los derechos vulnerados" del presidente de la Generalitat.
Por otro lado, preguntada por si tiene conocimiento de que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid que investiga el caso Gürtel ha solicitado documentos relacionados con empresas públicas u organismos dependientes de la Generalitat, la portavoz del Consell respondió que "hasta donde yo sé, ha requerido documentación sobre la fundación V Encuentro -relacionada con la trama y que organizó la visita del Papa a Valencia en 2006- y no tengo más noticias que haya requerido algo más, salvo lo que ya se sabe", agregó.
Medidas anticorrupción
El PP anunció ayer un paquete de medidas contra la corrupción que, según avanzó, será presentado hoy, sábado, por su presidente, Mariano Rajoy, en la clausura de la XV Intermunicipal que el partido está celebrando en Sevilla.
Entre las medidas más llamativas que recoge el documento, denominado Bases para un pacto por la transparencia y contra la corrupción, está la de "prohibir la aceptación" de determinados regalos que "no respondan, por su importe o causa, a los usos y costumbres sociales". También se exige que se publiquen las retribuciones íntegras de los cargos públicos y electos, al igual que las de los directivos y personal de confianza de las instituciones.
El texto, con 50 propuestas, será ofrecido a los demás partidos. Entre las iniciativas figura, además, publicar detalladamente el procedimiento de concesión de subvenciones y sustituir a los políticos por personas con perfil técnico para dirigir el urbanismo.
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