J. MORÁN | OVIEDO
No sólo había ruido de sables, sino también de folios. Un Adolfo Suárez tambaleante y un Ejército tan asediado por la garra de ETA como compungido por las tensiones nacionalistas produjeron en torno a 1980 una efusión de informes y documentos entre los que uno descuella. Es el aludido en diversas ocasiones por el asturiano Sabino Fernández Campo, secretario y jefe del Casa del Rey entre 1977 y 1993, y fallecido el pasado 26 de octubre.
El informe, elaborado por un constitucionalista cuyo nombre nunca fue desvelado, llegó a la Casa del Rey en el verano de 1980. Lo entregó el general Alfonso Armada -uno de los condenados después por el golpe del 23-F- a Sabino Fernández Campo. Era "un estudio sobre la situación general de España, que se juzgaba alarmante", explicó Fernández Campo en varias entrevistas. En el documento también "se sugería la presentación de una nueva moción de censura (tras la fallida en mayo de 1980, a cargo del PSOE) para desplazar al presidente Suárez y formar un Gobierno de concentración presidido por una persona neutral, sin significación política determinada", añadía el general.
¿Quién era el autor de dicho informe? Las pistas son divergentes y a veces contradictorias. Fernández Campo nunca lo dijo, "sencillamente porque no lo sabía", explica su viuda, la periodista María Teresa Álvarez. Y quien entregó el documento a la Casa del Rey, el propio Alfonso Armada, niega a día de hoy su existencia, y, por supuesto, que él fuera el autor. Otros dudan de que tales papeles y otros semejantes fueran recibidos tan copiosamente en la Casa del Rey como se supone. Así lo asegura Agustín Muñoz Grandes, ayudante de campo de don Juan Carlos entre 1979 y 1983, y persona con un papel activo durante la noche del 23-F como intermediario del Rey ante militares leales o sediciosos.
Sin embargo, las referencias al informe y a su misterioso autor se han multiplicado hasta constituir una de las piezas menos conocidas del puzle del 23-F, tal y como el propio Sabino Fernández Campo denominaba a la intentona golpista de 1981.
El interés por aquel texto y por su autor abarca varios aspectos. Se trataría de algo tangible, papeles, más allá de las conversaciones que los militares cruzaban con el Rey en aquel momento. Además, describiría la arquitectura del golpe blando o "golpe de timón" -según expresión de Tarradellas-, es decir, un procedimiento que no violentase en exceso el Estado constitucional y con el que estarían de acuerdo dirigentes de UCD, del PSOE y de otras fuerzas políticas. En particular, los socialistas -Múgica, Raventós y Ciurana- iban a reunirse en octubre de 1980 con Alfonso Armada en el célebre almuerzo de Lérida, del que el general extrajo probablemente la conclusión de que el PSOE sería capaz de votar a un militar al frente de un Gobierno de concentración.
Sin embargo, nadie tiene la certeza sobre la existencia y autoría del informe, aunque existen aproximaciones fiables. "Al palacio de la Zarzuela, antes del 23-F, no sólo llega un informe, sino diversos documentos de posibles soluciones y sobre la salida de Suárez", comenta a LA OPINIÓN Francisco Laína García, director de la Seguridad del Estado en la época del golpe, y durante 14 horas jefe de la Comisión Permanente de secretarios de Estado y de subsecretarios, el Gobierno interino creado por el Rey en la noche del 23-F para evitar el vacío de poder.
Laína, que fue, por tanto, la máxima autoridad civil del país en aquellos momentos, juzga que "es muy posible que existiera un documento que era el más importante, el más estudiado y el más estricto jurídicamente, con respeto a la legalidad vigente". ¿El autor? "Carlos Ollero es el nombre más probable", señala Laína, que prepara un libro sobre el 23-F.
Carlos Ollero Gómez (1912-1993) era catedrático de Teoría del Estado y Derecho Constitucional y había sido senador por designación real durante el período constituyente. También perteneció al consejo privado de don Juan y gozaba de la confianza del rey Juan Carlos.
"Pero el Rey no pidió ese informe, ni ninguno de los muchos papeles que llegaban, cada uno con su solución", apostilla Francisco Laína, quien, no obstante, agrega que "ciertamente hay muchas referencias, comentarios e hipótesis sobre ese documento".
Las consultas a constitucionalistas no habían sido iniciativa del Rey, según Laína, pero sí existe un testimonio de que se realizaron en la misma noche del 23-F, después de que Armada hablara con la Zarzuela -con Fernández Campo, en concreto- y se ofreciera a entrar en el Congreso tomado por Tejero para ofrecer la creación de un Gobierno de concentración.
Luis González Seara, entonces ministro de Universidades e Investigación y rehén en el Congreso, narró años después al periodista Francisco Medina que la idea de Armada suscitó en Zarzuela que "a las diez de la noche" se telefoneara a tres constitucionalistas, uno de ellos Ollero, "para preguntarles por la propuesta de Armada, pero la respuesta de los tres fue que era ilegal".
Respecto al informe previo remitido por Armada en el verano de 1980, Alfonso Osorio, que había sido vicepresidente del Gobierno con Suárez y era diputado de Coalición Democrática en 1981, considera que el documento "existió" y en él se manifestaba probablemente que "el Rey, previa consulta con los grupos, tenía potestad para proponer un presidente del Gobierno tras una moción de censura que podría ser apoyada por UCD y PSOE". De hecho, "existían dos caminos", agrega Osorio: "La moción de censura, o que dimitiera el presidente Suárez y el Rey propusiera el candidato, tras consultar a los partidos".
Sin embargo, cuando Adolfo Suárez presenta su dimisión, el 29 de enero de 1981, "el Rey propone a Calvo-Sotelo, lo que significa que o no tiene en mente lo que proponía el informe de Armada o lo descartó", precisa Alfonso Osorio.
En efecto, Suárez propuso como sucesor a Leopoldo Calvo-Sotelo, su vicepresidente segundo para Asuntos Económicos. De algún modo, la dimisión de Suárez aceleró el golpe duro, el de Tejero y Milans del Bosch, al que quedó supeditado el golpe blando, el de Armada, que llevaría su propuesta de Gobierno de concentración ante el Congreso tomado por la Guardia Civil.
Respecto al informe que le servía de pauta, el propio Alfonso Armada habló de sus orígenes y recorrido al periodista Francisco Medina. "Era un estudio constitucional muy interesante que yo entregué a Sabino y también a Jaime Milans del Bosch. Sé que éste lo leyó después en el Consejo Superior del Ejército. A Jaime se lo di porque estaba muy interesado entonces en estos temas, sobre cómo encontrar una salida al desastre al que nos estaba llevando el Gobierno de Suárez".
Según Armada, al entregar el informe a Milans del Bosch trataba de "calmarle, para que viera que había preocupación en otros sitios". Respecto al autor del texto, el general gallego afirmó entonces que "a mí me hizo llegar aquel estudio alguien que no recuerdo exactamente, pero ahora me suena que fue una persona del entorno de López Rodó".
Laureano López Rodó (1920-2000) había sido miembro de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Libertades Públicas que elaboró la Constitución de 1978. En 1979 había abandonado la política. "Que López Rodó fuera el autor del informe no es probable", comenta Francisco Laína, "ya que para entonces se había distanciado de la política".
Sin embargo, López Rodó tenía "un estrecho colaborador, que era José Luis Meilán Gil", explica Francisco Bastida, catedrático de Derecho Constitucional en Oviedo. Bastida también comenta que el referido informe, si pretendía mantener la plena legalidad vigente, "abordaría la moción de censura y la propuesta de un candidato -artículo 113 de la Constitución- o la vía del artículo 99, sobre la moción de confianza". No obstante, agrega Bastida, "la propuesta de Armada como presidente habría tropezado con un problema de incompatibilidad, pues era un militar en activo".
Respecto a la hipótesis de que López Rodó o un colaborador suyo fueran los autores del informe de Armada, el propio José Luis Meilán Gil explica a LA OPINIÓN "que no existió ninguna relación con ese asunto". Meilán Gil, catedrático emérito de Derecho Administrativo y ex rector de la Universidade de A Coruña, era diputado de UCD en 1981. "Es posible que se mezclen dos cosas diferentes, pues López Rodó, que había sido diputado de Alianza Popular, tuvo un papel relevante cuando se redacta la Constitución y realiza planteamientos sobre el título de la Corona en la Carta Magna". Sin embargo, "posteriormente no hubo más intervenciones suyas, y por lo que a mí respecta soló coincidí con Armada durante unas elecciones a procuradores de las Cortes, años atrás".
Meilán reconoce que "en aquel momento, en el ambiente había la idea de buscar una fórmula de sustitución de Suárez que no acabara como la de Primo de Rivera con Alfonso XIII". El ex rector de la Universidade de A Coruña duda, no obstante, "de que fuera Carlos Ollero el autor. No creo que se prestase a ello".
Por su parte, el citado general Agustín Muñoz Grandes aseguró a este periódico que "no creo en ese documento, porque empaña la figura del Rey, como si existiese una implicación suya previa. Aunque recibiera y escuchara a muchas personas, no se debe empañar su actuación".
Y el propio Alfonso Armada, desde su retiro en el pazo coruñés de Santa Cruz de Ribadulla, al ser consultado por LA OPINIÓN, declara sobre el documento que "es un invento; yo no hice ningún informe y los periodistas han puesto muchas palabras en mi boca que yo no dije. He oído hablar de ese informe, pero no tengo ni idea".
Sin embargo, no todos opinan igual. Luis María Anson, presidente de la agencia Efe en el año 1981, defiende "la lógica de que exista ese documento y de que Carlos Ollero, un hombre muy respetado y conocido de Alfonso Armada, fuera su autor".
El académico de la Lengua considera que "habría que tener el documento para analizarlo y hacer más valoraciones". Anson concluye que "Sabino Fernández Campo conocía el punto final del golpe y yo me remito a una frase que se le escapó en un artículo suyo: "El que busca afanosamente la verdad, corre el riesgo de encontrarla".
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