AGENCIAS | MADRID
Tras su batacazo parlamentario, los populares, desde su sede central en Génova, han reconocido que la Generalitat valenciana ha perjudicado la estrategia que tenían para que el Gobierno regulara la utilización del Sistema de Interceptación de Telecomunicaciones (Sitel). Los hechos se remontan al viernes. En ese momento, la portavoz del Ejecutivo valenciano, Paula Sánchez de León, aseguró que iban a solicitar la nulidad del proceso judicial por que el que se investiga el caso Gürtel. Todo, siempre y cuando se tuviera certeza de que las grabaciones telefónicas al presidente Francisco Camps se hubieran realizado a través del sistema Sitel.
Fuentes de la dirección del PP señalan que la declaración desde Valencia es una muestra del "nerviosismo" que se vive en esta comunidad. Es más, calificaron estas palabras como si les hubieran "clavado un puñal" en la estrategia que tenían preparada para propiciar que el Gobierno regulara el uso de Sitel. Máxime cuando desde Génova quieren que se declare la "nulidad" del caso Gürtel, sino que se llegue hasta el final del mismo y se castigue a los culpables.
A sabiendas de que la estrategia esgrimida ya no es válida, desde Génova insisten en que "lo más sensato es dar un paso atrás para que no se confunda nuestra reivindicación con el caso Gürtel". De igual manera, volvieron a reiterar que no desean la anulación del caso por parte de los tribunales.
El nuevo punto de partida del PP es apoyar las iniciativas que presenten los dos grupos que ya las habían anunciado: PNV y CiU. Afirman que "lo importante es conseguir que se regule" el Sitel. En referencia a este sistema de interceptación han apostillado que "lo del gran hermano de Orwell no es una tontería". El PP también preparará una proposición de ley que desarrolle una regulación del uso del sistema Sitel. La podrían tener lista para el inicio del próximo periodo de sesiones.
El PP viene denunciado desde hace semanas que el sistema citado se está aplicando sin tener un amparo legal suficiente. Para los populares el uso de Sitel puede afectar a los derechos fundamentales. Además, consideran que debería estar regulado mediante ley orgánica.
Nuevo rifirrafe
En el Congreso, la polémica por el caso de las escuchas continúa. El ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, recomendó ayer a sus compañeros del Grupo Socialista en el Congreso que cada vez que tengan que hablar con el vicesecretario general del PP, Esteban González Pons, o el diputado Carlos Floriano, lo hagan "acompañados y con un notario".
Rubalcaba insistió en que "siempre está dispuesto a aprender", señalando que la semana pasada aprendió "una cosa". Así se refería a la conversación privada que mantuvieron los tres la semana pasada a cuenta del sistema de interceptación de comunicaciones Sitel y, tras la cual, Pons acusó al ministro de haber amenazado a su compañero Floriano diciéndole que ve todo lo que hace y oye todo lo que dice. Posteriormente, el ministro explicó que se refería a que ve y escucha en televisiones y radios las críticas del PP al Gobierno sobre presuntos espionajes a la oposición.
Rubalcaba recalcó que esa era la intención de sus palabras durante aquella conversación que en su día él mismo calificó de "tensa". A ello añadió: "Para escucharle a usted en las radios y para verle en la televisión, ni yo ni ningún español necesitamos ningún tipo de autorización", ha contestado a Floriano.
El ministro volvió a destacar que el Tribunal Supremo ha avalado hasta en nueve ocasiones el sistema Sitel, que también ha sido respaldado por el Defensor del Pueblo, recordando que el martes el PP "se quedó solo" en la cámara baja en sus críticas a este sistema. Por último, Rubalcaba acusó al PP de ser "el partido de la doble moral".
El Ayuntamiento de Boadilla de Monte recibió ayer por sexta vez en los últimos meses de los funcionarios judiciales. El magistrado que investiga la rama madrileña del caso Gürtel, el coruñés Antonio Pedreira, ha requerido al Consistorio madrileño algunos documentos que podrían estar relacionados con la trama, liderada por Francisco Correa e imbricada en el PP madrileño y valenciano.
Fuentes municipales explicaron a Europa Press que entre estos documentos estarían algunos contratos que se han llevado a cabo con Eius Abogados, un buffete que se contrató para la defensa jurídica de contenciosos que tiene el Ayuntamiento, y con el que colaboró el ex ministro de Justicia con el Gobierno de Aznar José María Michavila. Asimismo, se habrían solicitado contratos relacionados con una de las empresas de jardinería, el Grupo Raga, y otros relativos a una adjudicación al grupo Upo-ksa, dirigida a gestionar un centro de empresas del municipio. En este último caso, era la primera vez que se requería información al respecto.
Dos funcionarios policiales se presentaron en el Ayuntamiento de la localidad sobre las 10.000 horas y, por tiempo de 20 minutos, estuvieron en la Alcaldía para solicitar información sobre varios expedientes relativos a la trama Gürtel. Sin embargo, los policías no pudieron llevarse los documentos, ya que algunos de ellos no estaban preparados, por lo que desde el Consistorio se comprometieron a recopilarlos a la mayor brevedad posible.
Por su parte, el ex alcalde de Boadilla Arturo González Panero, quien hoy tendrá que declarar como imputado ante Pedreira por su supuesta implicación en la trama de corrupción liderada por Correa, aseguró ayer que el proceso acabará en "absolutamente nada" para él.
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