AGENCIAS | MADRID El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón imputó a 11 personas más por el caso Pretoria, además de los nueve ya imputados, y les tomará declaración entre hoy y mañana. Entre los nuevos implicados destacan la madre del ex alcalde de Santa Coloma de Gramenet Bartomeu Muñoz; las esposas de Macià Alavedra y Lluís Prenafeta, además de políticos y altos cargos.

A mediados de noviembre, la Guardia Civil citó a declarar a varias personas por su implicación en el caso. La Fiscalía pidió entonces a Garzón que citara a declarar como imputados a varios de ellos, lo que ayer se confirmó. Así, el magistrado de la Audiencia citó a Josefina Calvet, madre de Muñoz y esposa del último alcalde franquista de Santa Coloma; a Doris Malfeito, mujer de Alavedra; y a Lluïsa Mas, esposa de Prenafeta.

Entre los políticos figuran el ex alcalde de Sant Andreu de Llavaneres (Barcelona), Víctor Ros (PP), que dejó temporalmente la militancia; el ex concejal de Urbanismo de la localidad, Antoni Jiménez (PSC), quien también tuvo cargos en Santa Coloma y Montcada i Reixac, y Genís Carbó, ex director de Política Territorial en gobiernos de CiU y ex concejal de la formación en Mataró.

En el auto de prisión dictado por Garzón, el juez dice que una empresa de Carbó cobró 24.000 euros en la operación Niesma en Llavaneres cuando Ros era alcalde.

También están citados altos cargos, como el gerente del Institut Català del Sòl (Incasòl), Emili Mas, de quien el Govern aceptó su renuncia y fue suspendido de militancia del PSC.

En un comunicado de Incasòl, se indica que ante la citación de Mas como imputado, los consellers de Política Territorial, Joaquim Nadal, y el de Medio Ambiente, Francesc Baltasar, aceptaron la renuncia voluntaria del cargo de gerente. En el mismo comunicado, se señala que Mas había puesto su cargo a disposición "con tal de preservar el buen nombre del instituto y facilitar la instrucción del sumario, hasta que se aclaren las responsabilidades que puedan derivarse".

Garzón atribuye a Mas unas conversaciones con Muñoz, el ex concejal de Urbanismo de Santa Coloma Manuel Dobarco y el ex director de Servicios Pasqual Vela, en la que se hablaba de la emisión de facturas para justificar el empleo de fondos europeos.

Otros imputados son el consejero delegado de Marina Badalona, Juan Felipe Ruiz Sabido, y el hasta hace poco gerente de Proyectos del Ayuntamiento de Santa Coloma, Lluís Falcón. Ruiz Sabido era el contacto de Luis García, cerebro de la trama, en Badalona, a quien una empresa de Ruiz pagó 2,5 millones de euros para rescindir un contrato. Falcón, supuestamente, trasladó a los responsables del proyecto Cúbics que no se podría modificar el proyecto tal y como pretendían, por lo que decidieron vender el terreno.

Garzón ha citado a un empresario, Manuel Valera, administrador de Niesma, una de las empresas vinculadas a proyectos urbanísticos en Llavaneres, vinculada también a Luis García, encarcelado. El undécimo imputado, Phillip McMahan, vive en Andorra, por lo que Garzón ha tenido que pedir una comisión rogatoria para poderle interrogar.

Además de los imputados, Garzón ha citado para enero a diez testigos más, entre los que destacan la ex alcaldesa de Badalona Maite Arqué (PSC), el ex director general de Planificación y Recursos del Ayuntamiento de Santa Coloma Albert Gadea, y el actual gerente de la empresa pública Gramepark, Manel Sierra, compañía que es uno de los puntos clave de la investigación de Garzón.

Asimismo, el juez también impuso hoy una fianza de 200.000 euros al ex concejal de Urbanismo de Santa Coloma, Manuel Dobarco, que estaba en prisión desde el 30 de octubre. Su abogado explicó a Europa Press que Dobarco espera reunir lo más pronto posible el dinero para salir de prisión antes de la semana que viene. "No será fácil", apuntó.