AGENCIAS | MADRID El Senado levantó ayer el veto a las dos leyes que conforman el nuevo modelo de financiación autonómica. A ambas leyes se presentaron tres vetos, uno de ellos del BNG, otro de CiU y un tercero del PP, y todos ellos fueron rechazados en el pleno de la Cámara Alta.

La comisión de las Comunidades Autónomas había aprobado la propuesta de veto del BNG el pasado jueves, pero en el pleno de ayer recibió 131 votos, uno menos de la mayoría absoluta necesaria.

Así, las dos leyes que componen el nuevo modelo de financiación autonómica, junto con las enmiendas aprobadas ayer, volverán al Congreso de los Diputados para que se pronuncie sobre ellas. El PP se congratuló de la aprobación de una enmienda para que el Estado aporte un fondo de 250 millones para aquellas comunidades con densidad poblacional inferior a la media y otro de otros 250 millones para las que tengan una dispersión de población superior a la media, en lugar de los 50 millones previstos inicialmente para cada variable.

El senador del PP José Manuel Barreiro recordó que el coste de prestar los servicios públicos gestionados por las comunidades por cada persona es muy diferente entre unas autonomías y otras según factores socioeconómicos y demográficos. Para Barreiro, "el hecho de que los socialistas se hayan opuesto dice mucho de su política económica y de su disposición a ayudar a las comunidades que tienen que prestar servicios en unas circunstancias más difíciles que el resto".

Según los cálculos del PP, el incremento de estos fondos supondría un aumento de la financiación de las comunidades de Galicia, Asturias, Cantabria, La Rioja, Aragón, Castilla-La Mancha, Extremadura y Castilla y León.

Una vez aprobadas las leyes, el nuevo modelo de financiación autonómica se ratificará en las comisiones bilaterales entre el Estado y las comunidades autónomas.

Rechazo al veto

En la defensa de su propuesta, el senador del BNG, José Manuel Pérez Bouza, señaló que desean un modelo de financiación que vaya "más allá", con una mayor capacidad fiscal para autofinanciarse y un incremento de recursos para gestionar los servicios. Se mostró en contra de que variables como la dispersión poblacional o el envejecimiento no ponderen más, así como de la falta de atención a las necesidades de los residentes ausentes.

El senador del PP José Manuel Barreiro pidió la devolución del sistema, al que calificó de "irreal" por no tener en cuenta la actual situación económica, de "insolidario" al no garantizar las mismas prestaciones de servicios en todos los territorios del país, y de "injusto" para la sociedad española.