AGENCIAS | MADRID / BARCELONA Los cuatro imputados en la supuesta trama de corrupción urbanística en Santa Coloma de Gramanet y otras localidades barcelonesas denominada Pretoria que ayer declararon ante el juez Baltasar Garzón, defendieron sus actuaciones y dijeron que siempre fueron "en beneficio público".

El magistrado interrogó ayer al ex gerente del Instituto Catalán del Suelo Emili Mas Margarit, al ex alcalde de Sant Andreu de Llavaneres Víctor Ros (PP), al ex concejal socialista de esta localidad Antoni Jiménez y al consejero delegado de Marina Badalona, Juan Felipe Ruiz i Sabido, que han quedado en libertad sin medidas cautelares a instancias de la Fiscalía Anticorrupción.

Los primeros en llegar fueron Antoni Jiménez y Víctor Ros, imputados por los delitos de asociación ilícita, fraude fiscal y exacciones ilegales. "He pensado mucho en mi familia y en el pueblo de San Andreu de Llavaneres, que es lo más importante de todo", señaló Ros, quien negó tener alguna relación con cualquiera de los otros imputados en la causa -que ya ascienden a veinte- y, por tanto, que pudiera formar parte de la presunta trama.

Garzón sostiene en su auto que durante el mandato de Ros en Sant Andreu "se tomaron decisiones que favorecieron a algunos de los imputados en perjuicio del propio Ayuntamiento", y de Antoni Jiménez señala "que habría tenido participación en la denominada operación Niesma", desarrollada en esta localidad barcelonesa entre 2003 y 2007 y en la que supuestamente se defraudaron 12.377.000 euros.

Tras ellos el turno fue para Juan Felipe Ruiz i Sabido, imputado por un delito de tráfico de influencias. El magistrado sostiene que Ruiz i Sabido es "persona muy próxima a Luis García", ex diputado del PSC y supuesto cabecilla de la trama, al que habría ayudado "con decisiones favorables al grupo de inversores para los que trabajaba éste".

La presunta implicación de Ruiz i Sabido en la trama corrupta le ha valido la pérdida de su puesto como consejero delegado de la sociedad Marina Badalona. La marcha ha llegado en forma de dimisión, a petición del alcalde de Badalona, según informó ayer el Ayuntamiento de la localidad catalana a través de un comunicado.

El último de los cuatro imputados que declaró ayer ante la Audiencia Nacional fue Emili Mas, suspendido temporalmente de militancia del PSC tras su imputación en el caso Pretoria, y al que el juez le imputa un delito de actividades prohibidas a funcionario público.

Según manifestó su abogado, Joan Castelló, dijo que la operación Pretoria es "como una comedia de enredos con unas graves consecuencias" y señaló que su cliente espera que "esto termine lo más pronto posible" y "está convencido de que va a ser así".

Garzón sostiene que Mas mantenía una "fluida relación" con Luis García "relacionada con cuestiones urbanísticas e inmobiliarias", y así, como vicepresidente de Marina Badalona, habría "facilitado" la intervención de García y los ex altos cargos de la Generalitat Macià Alavedra y Lluis Prenafeta en una operación urbanística en Cerdanyola del Vallés y en otra en el Prat de Llobregat en las que hubo pago de comisiones. También consta su intervención con García y con el ex alcalde de Santa Coloma Bartomeu Muñoz en otra operación.