AGENCIAS | BARCELONA La Audiencia de Barcelona confirmó la libertad provisional con cargos para el ex presidente del Palau de la Música, Fèlix Millet, y su mano derecha, Jordi Montull que decretó el juez de Instrucción número 30 de Barcelona, Juli Solaz. Sin embargo, la Audiencia obligará a los dos imputados a presentarse mensualmente en el juzgado.

La sala desestima de esta manera el recurso presentado por la Fiscalía y las acusaciones particulares quienes alegaban un supuesto riesgo de fuga y de destrucción de pruebas. Las acusaciones recuerdan que la condena para ambos imputados puede superar los diez años con los delitos que se les imputan actualmente -falsedad documental y apropiación indebida-, que puede incrementarse si se les condena también por malversación de caudales públicos, infidelidad de la custodia de documentos o delito societario.

A la vista de los recursos presentados por Fiscalía, a los que se suman las entidades afectadas, la "pretendida" confesión de Millet y Montull "es parcial y limitada a sus gastos personales". De esta forma, la califican de "incompleta y torticera". Igualmente, aprecian riesgo de fuga por las "dudas" sobre su arraigo familiar y domiciliario, que se habría vuelto "hostil", la repulsa social de los hechos cometidos y su gran capacidad económica.

Además, según las acusaciones, la rápida consignación de 1,8 millones por parte de Millet y Montull en el juzgado pone en evidencia esta capacidad económica, pero es "insuficiente como pretendida reparación del daño".

Igualmente, alegan que ambos podrían destruir pruebas, hacerlo a través de terceros o influir en testigos, imputados o peritos. Sin embargo, la Audiencia considera que teniendo en cuenta los meses pasados desde la presentación de la querella, en junio, no se aprecia especial riesgo de huida ni la posibilidad de destrucción de pruebas, informa Europa Press.

Los magistrados admiten que hubieran compartido la imposición de prisión provisional al inicio de la instrucción de la causa, pero en la actualidad, la actitud demostrada por estos dos imputados es suficiente para determinar que no hay riesgo de fuga.

Por último, la Sección Quinta de la Audiencia también alega que el supuesto desarraigo familiar o el riesgo de destrucción de pruebas y de influir en testigos no está concretado ni demostrado por las partes apelantes.