AGENCIAS | MADRID / BARCELONA
El Consejo General de la Abogacía Española denunció ayer que negarse a empadronar inmigrantes en situación irregular, tal y como aprobó el Ayuntamiento de Vic, vulnera los derechos de las personas extranjeras y podría constituir una infracción penal. Según la comisión de Extranjería del Consejo de la Abogacía, "la actuación municipal denegatoria de la inscripción padronal podría llegar a incurrir en infracción de algún precepto de la legislación penal".
Los expertos afirman que el artículo 15 de la Ley de Bases de Régimen Local obliga a "toda persona que viva en España" a inscribirse en el padrón del municipio en el que resida habitualmente y que la misma norma añade que "quien viva en varios municipios deberá inscribirse únicamente en el que habite durante más tiempo al año".
Además, recuerdan que la Ley Orgánica sobre Derechos y Libertades de los Extranjeros en España y su Integración Social recoge la obligación de los ayuntamientos de incorporar al padrón a los extranjeros que tengan su domicilio habitual en el municipio y a mantener actualizada la información relativa a estos. Aclaran, además, que en la última reforma de esta norma se anuló la diferenciación entre residentes, homogeneizó esta figura, calificando expresamente de "vecinos" a los extranjeros con domicilio habitual en un municipio.
Por consiguiente, los letrados señalan que ninguna norma exige al extranjero el probar que su residencia en España es regular y recuerdan que la competencia policial de extranjeros no corresponde a los ayuntamientos.
Por primera vez, el presidente del Gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, habló sobre la polémica y aseguró que el Ejecutivo va a ser firme en la defensa del principio de integración de los inmigrantes y consideró que una posición distinta a ese principio tiene "un corto alcance". Zapatero subrayó que las personas que llegan de otros países son seres humanos y tienen derechos, aunque sean distintos en función de su situación.
Por su parte, el ministro de Justicia, Francisco Caamaño, aseguró que el Gobierno defiende "siempre los derechos inherentes a la dignidad de las personas" y recordó que el empadronamiento es "clave" para el reconocimiento de algunos de estos derechos. El ministro explicó que le parecería "grave" la posibilidad de que algunas personas puedan perder algunos derechos vinculados a este procedimiento legal y recordó que solicitó a la Abogacía General del Estado un informe con una valoración jurídica de la actuación del consistorio catalán para "adoptar las medidas legales oportunas" si son necesarias.
"Huele a xenofobia"
Para el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, la decisión del Ayuntamiento de Vic (Barcelona) "más bien huele a xenofobia que a otra cosa".
El acuerdo del Ayuntamiento de Vic, aprobado por el Gobierno local de PSC, CiU y ERC, prohíbe el empadronamiento en el municipio de todos los inmigrantes que no dispongan de papeles.
Mientras, la Generalitat anunció que no llevará al Ayuntamiento de Vic ante los tribunales por la citada normativa al haber decidido aplazar la aplicación.
Por su parte, el portavoz de Inmigración de Esquerra Republicana de Catalunya en el Congreso, el diputado Joan Tardà, recordó que el anteproyecto de Ley de Extranjería aprobado por el Gobierno contemplaba la posibilidad de que los municipios pudieran excluir del Padrón a los inmigrantes irregulares, y aseguró que este punto se cambió por la "presión" que ejerció ERC.
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