AGENCIAS | MADRID
La Abogacía del Estado afirma que los Ayuntamientos deben inscribir en el padrón municipal a todos los inmigrantes, "con independencia de que los mismos tengan o no residencia legal en territorio español", por lo que "no resulta procedente" rechazar su empadronamiento con esa excusa.
En esta línea, el jefe del Ejecutivo español, José Luis Rodríguez Zapatero, por su parte, advirtió de que no permitirá que por un "truco" de un ayuntamiento haya personas que queden sin asistencia sanitaria o cuyos hijos no puedan acudir a la escuela. "El Gobierno de España no va a permitir que se menoscaben los derechos de las personas", insistió Zapatero, que explicó que defiende la inmigración legal y la persecución de quienes trafican con seres humanos, pero "son personas con derechos inalienables".
"El país que presido no va a consentir que por un truco de un ayuntamiento haya seres humanos y familias que no puedan acceder a los servicios sociales básicos", zanjó.
Los servicios jurídicos del Estado se pronuncian así en el informe con el que responden a la consulta remitida al Ministerio del Interior por el Ayuntamiento de Vic (Barcelona), que pretende denegar el empadronamiento a los inmigrantes en situación irregular.
El texto señala que el Tribunal Constitucional ha establecido que la normativa vigente en materia del padrón municipal no es la de Extranjería, sino la de Régimen Local y, más concretamente, la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local y el Reglamento de Población y Demarcación Territorial de las Entidades Locales.
Añade que "de la aplicación de las prescripciones de ambas normativas debe concluirse que la inscripción de los extranjeros en el padrón del municipio de residencia habitual procede aunque se trate de extranjeros que no residan legalmente en territorio español, esto es, aunque se trate de ciudadanos extranjeros que no cumplan los requisitos exigidos" por la legislación de Extranjería.
Recuerda a continuación que los artículos 15 y 16 de la ley reguladora establecen que "toda persona que viva en España está obligada a inscribirse en el padrón del municipio en el que resida habitualmente" y que los datos del padrón "constituyen prueba de la residencia en el municipio y del domicilio habitual en el mismo". "Como fácilmente se constata en la lectura de ambas normas, éstas aluden a un dato fáctico (vivir en España) y no a un dato jurídico, cual sería, en el caso de extranjeros, que éstos residiesen legalmente en territorio español", dice el informe.
El texto subraya que la ley no distingue "entre españoles y extranjeros" a efectos de la obligación de inscribirse en el padrón y añade que si para que los últimos pudieran hacerlo necesitaran tener la residencia legal habría "una previsión o determinación expresa por parte del legislador", que no existe.
De hecho, la Ley de Extranjería dice que "los Ayuntamientos incorporarán al padrón a los extranjeros que tengan su domicilio habitual en el municipio", sin hacer referencia a su residencia legal.
Sobre los documentos necesarios para inscribirse en el padrón, la Abogacía del Estado dice que la ley reguladora "no sólo prevé el número de identificación de extranjero (NIE)", que poseen los inmigrantes con permiso de residencia, sino que admite, en su defecto, "el número de pasaporte en vigor expedido por las autoridades del país de procedencia". "Siendo suficiente el pasaporte en vigor, puede obtener la inscripción quien se encuentre en territorio español por tiempo superior a la situación de estancia sin tener la pertinente autorización administrativa", según el informe.
La Abogacía añade que el padrón no requiere comprobar la situación regular o no del inmigrante.
Alcaldes, diputados y concejales de CiU mostraron ayer su apoyo a la política de inmigración del alcalde de Vic, Josep Maria Vila d'Abadal (UDC), y acordaron presentar mociones de apoyo en todos los ayuntamientos. En un acto, que congregó a 70 dirigentes y miembros del partido, el diputado y vicepresidente de Organización de UDC, Antoni Castellà, criticó el "injusto trato" que ha recibido Vila d'Abadal.
"Vic es un modelo de integración y lo continuará siendo", señaló Castellà, que auguró que el tiempo les acabará dando la razón, alegando que no es una cuestión que afecte sólo a Vic, sino que está presente en todos los ayuntamientos de Cataluña. Castellà consideró además una irresponsabilidad las críticas lanzadas desde el Gobierno. Por su parte, el PSC expresó su convencimiento de que el Ayuntamiento de Vic cambiará su postura y seguirá empadronando a inmigrantes sin papeles tras el dictamen de la Abogacía del Estado.
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