La Fiscalía pide archivar el proceso contra Garzón por el caso de las fosas

AGENCIAS | MADRID La Fiscalía ha vuelto a repetir al Tribunal Supremo que el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón no prevaricó al investigar las desapariciones durante la Guerra Civil y el franquismo y pidió al Alto Tribunal que archive la causa abierta al magistrado. Así lo reclamó el fiscal en un escrito dirigido al magistrado del Supremo que instruye la querella por prevaricación de Manos Limpias, Libertad e Identidad y Falange Española de las Jons contra Garzón, Luciano Varela.

"Apareciendo que los hechos objeto de las querellas no son constitutivos de delito, resulta absolutamente innecesaria la continuación de la instrucción", indica el informe del representante del Ministerio Público.

Varela dio tres días al fiscal y a los querellantes para que se pronunciaran sobre la petición de archivo hecha a finales del año pasado por el abogado de Garzón, González Martínez-Fresneda. El letrado además se quejó del retraso "injustificado" en la instrucción de la querella, admitida a trámite en el caso del sindicato ultraderechista Manos Limpias el pasado 27 de mayo.

El fiscal comparte con la defensa de Garzón que es necesario poner fin a la investigación y que se archiven las actuaciones, pero señala que "la investigación ni ha sido inquisitiva, ni injustificadamente retardada", sino que "se ha ajustado a una adecuada y necesaria cadencia derivada de la trascendencia de la materia que se investiga".

El pasado junio, la Fiscalía ya pidió al TS que archivara esta querella porque a su juicio ninguna de las resoluciones que los querellantes califican de "prevaricantes" merecen tal reproche.

Manos Limpias interpuso la querella, a la que se han acumulado las otras dos, después de que Garzón acordara en noviembre de 2008 remitir la causa a los juzgados territoriales en los que se encuentren las fosas que mandó abrir cuando se declaró competente para investigar este asunto. El magistrado de la Audiencia acordó también en ese momento extinguir la responsabilidad penal del dictador Francisco Franco y de otros 44 altos cargos de la dictadura.