AGENCIAS | BARCELONA
Vic da marcha atrás y "acata aunque no comparte" la "orden indirecta" de la Abogacía del Estado de empadronar a todos los inmigrantes que presenten su pasaporte, aunque carezcan de visado y de residencia legal. "Seguiremos empadronando como hasta ahora a la gente que viene a Vic con pasaporte sin visado", señaló el alcalde barcelonés, Josep Maria Vila d'Abadal, de CiU, durante una comparecencia para valorar el último informe jurídico sobre empadronamiento de inmigrantes sin papeles.
En este informe, solicitado por el propio Ayuntamiento de Vic, la Abogacía del Estado considera que los consistorios deben inscribir en el padrón municipal a todos los inmigrantes, "con independencia de que los mismos tengan o no residencia legal en territorio español", por lo que "no resulta procedente" rechazar su empadronamiento con esa excusa.
El nacionalista Vila d'Abadal compareció acompañado de los concejales Josep Burgaya, del PSC, y Joan López Carol, de ERC, y aprovechó la multitudinaria presencia de medios de comunicación para aclarar que "Vic no es xenófoba", sino "pionera en el modelo de inmigración". No obstante, advirtió: "Si lo que queremos es que se integre al inmigrante, se tienen que hacer las cosas con orden y de forma rigurosa y recta".
En este sentido, el alcalde envió un mensaje al Gobierno en el que pide que cumpla y haga cumplir la ley de extranjería y ayude económicamente a los municipios que tienen mayor número de inmigrantes con problemas económicos y de papeles. "Esta gente tiene muchas necesidades, y el ayuntamiento los tiene que atender y los atendemos como siempre hemos hecho", aunque pidió a las demás administraciones que sean "solidarias con los ayuntamientos" y que aporten recursos económicos a estas poblaciones "para que podamos hacer el trabajo juntos".
El alcalde pidió también a los inmigrantes que llevan años en el país ayuda para integrar a los recién llegados, al tiempo que insistió en que el proceso se tiene que hacer con "orden y transparencia".
Josep Maria Vila d'Abadal explicó además que una de las conclusiones que ha extraído estos días es que el asunto de la inmigración es importante a nivel social, si bien cree que el debate debe alejarse de los medios para que se discuta y se resuelva de una forma más tranquila.
"Entiendo que la inmigración es un tema de futuro básico para nuestra sociedad y hay que buscar soluciones verdaderas", añadió el alcalde, que cree que "eludir el tema de la inmigración en época de crisis alimenta la xenofobia de verdad, la de la extrema derecha".
El ministro de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho, se congratuló desde Toledo de que el alcalde de Vic haya dado "un paso atrás" en su intención de negar el empadronamiento a los inmigrantes irregulares. Corbacho sostiene que el alcalde adoptó "una posición, como no puede ser de otra manera, de respeto escrupuloso a lo que dice la ley" y confía en que esta polémica "pase lo antes posible".
SOS Racismo también se pronunció al respecto y denunció "la irresponsabilidad política del alcalde de Vic", que "ha conseguido el rédito electoral que buscaba" a cambio de "fomentar el racismo social y la estigmatización de la población inmigrante". Lo ocurrido en Vic es "un mal precedente para Cataluña y España", según SOS Racismo que espera que la decisión adoptada por el consistorio del municipio barcelonés "acabe también con el discurso racista".
Sin embargo, los ciudadanos de Vic mostraron su apoyo al alcalde de CiU tras el dictamen de la Abogacía del Estado que considera improcedente no empadronar a extranjeros sin visado, y acusaron al Gobierno de hipócrita por evitar tratar la cuestión.
El letrado Jordi P., de 36 años, calificó de "muy razonables" las peticiones del alcalde, y tildó de "hipócrita" la reacción de los políticos ante los criterios de empadronamiento propuestos por el Consistorio. El doctor Jorge M., de 66 años, consideró de "sentido común" que para garantizar los servicios sociales sus usuarios deben poder trabajar y contribuir a su mantenimiento, y subrayó que en un Centro de Atención Primaria de Vic se visita a un niño cada tres minutos, el 60% extranjeros.
El ministro de Justicia, Francisco Caamaño, advirtió de que si no se aplica la ley y algún ayuntamiento impide el empadronamiento de extranjeros en situación irregular, como pretendía hacer Vic, "habrá que adoptar las medidas legales previstas". Además, aseguró que "cualquier persona podría poner de manifiesto el incumplimiento" de la norma y activar así "los procesos legales correspondientes". Caamaño destacó que el informe elaborado por la Abogacía del Estado para responder a la solicitud de información por parte del Ayuntamiento barcelonés es "claro e inequívoco". "La ley debe cumplirse y debe ser observada", sentenció.
Por su parte, la portavoz del PP en el Congreso, Soraya Sáenz de Santamaría, urgió al presidente Zapatero a abrir "un debate sereno" sobre la inmigración, que afronte la cuestión con realismo y que fomente una integración con derechos, pero también con deberes. Sáenz se mostró partidaria de trabajar por una ordenación legal de los flujos migratorios y una lucha decidida contra las mafias y contra los que explotan a los inmigrantes ilegales. A su juicio, "lo que debe hacer un gobernante, y en este caso, Zapatero, es abrir un debate sereno sobre esto".
Mientras, CiU sostuvo que su alcalde en Vic ni se retractó ni dio marcha atrás, porque no hay "ninguna" orden municipal que deniegue el empadronamiento de inmigrantes ilegales. Así, "sólo ha consultado, porque quiere cumplir la legalidad vigente y, ahora, lógicamente la va a cumplir", dijo el diputado Daniel Sánchez i Llibre. Por su parte, ERC, a través de su presidente Joan Puigcercós, culpó a CiU de propiciar la intervención del Gobierno español, a través de la Abogacía del Estado, como voz autorizada para resolver la obligación de empadronamiento de los inmigrantes irregulares.
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