EFE
El Gobierno considera "oportunista y malintencionado" el debate sobre el empadronamiento de los ciudadanos extranjeros que residen ilegalmente en España.
Ha rechazado además que existan contradicciones porque convivan normas que obligan a empadronar a los ciudadanos extranjeros que residen ilegalmente en España con otras que obligan a repatriarlos; "son normas que cumplen funciones diferentes", ha dicho la vicepresidenta primera y portavoz del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega.
En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la vicepresidenta ha criticado el debate que se ha planteado al respecto.
"La inmensa mayoría de los ciudadanos extranjeros empadronados están en situación legal y trabajan con plenas obligaciones y derechos de ciudadanía", ha aseverado De la Vega, y ha incidido en que ésa es la política de inmigración que ha promovido el Ejecutivo, "una inmigración legal y ordenada, con derechos y obligaciones".
Descenso de empadronamientos
La situación económica en España ha provocado además un descenso del número de empadronamientos, ha señalado la vicepresidenta, que ha cifrado en un 56 por ciento ese descenso y ha insistido en que el padrón es un registro de carácter administrativo.
Al ser preguntada por la posible contradicción que supone que convivan normas que obligan a repatriar a los inmigrantes ilegales con otras que obligan a los ayuntamientos a empadronarlos, la vicepresidenta ha observado que "son normas que cumplen funciones diferentes".
Ha diferenciado en ese sentido una que define la política general de inmigración del Gobierno y las que persiguen conocer la población que reside en España, y ha concluido que ésta "no es incoherente con la Ley de Extranjería".
De la Vega ha criticado a quienes pretenden solucionar problemas "con atajos", y ha subrayado la necesidad de aplicar normas "que sean coherentes".
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