AGENCIAS | MADRID
El régimen de empadronamiento sigue enfrentando a Gobierno y PSOE. Tras la polémica surgida en los ayuntamientos de Vic (Barcelona) y Torrejón de Ardoz (Madrid) por su negativa a empadronar a los inmigrantes sin papeles, el vicepresidente tercero del Ejecutivo, Manuel Chaves, explicó que el padrón será una consideración a incluir en la futura ley de Gobierno local.
"En principio", según dijo, no se establecerán parámetros de habitabilidad que permitan denegar a alguien el empadronamiento, sino que lo que se buscará es "evitar todo tipo de fraude". Además, Chaves remarcó que se recogerá "el derecho de todos a empadronarse y el deber de los Ayuntamientos de empadronar".
Según señaló, con la nueva ley el Gobierno busca "Ayuntamientos más modernos, más eficaces, que tengan claras sus competencias, con fórmulas de mayor participación democrática, control de la oposición y soluciones legales al transfuguismo", entre otros objetivos.
El vicepresidente tercero subrayó que esta nueva ley vendrá acompañada también de la futura ley de financiación local, también prevista para este año, después de una crisis económica que "está afectando de una manera intensa a los ayuntamientos".
Para el ministro de Justicia, Francisco Caamaño, el debate sobre el empadronamiento de los inmigrantes indocumentados "no conduce a ningún lugar" ya que se ha hecho ver una realidad "absolutamente inexistente" porque el padrón sólo constata "hechos", mientras que los derechos están recogidos en la ley de extranjería.
"Afirmar que los inmigrantes que no tienen papeles no deben estar en el padrón es sencillamente dejar sin alternativa no sólo a personas que tienen derechos y viven con nosotros sino a las propias autoridades públicas, que tienen que saber qué habitantes hay en un territorio para gestionar los servicios públicos y poder hacer una gestión eficaz de los mismos", dijo el ministro de Justicia. Caamaño reiteró que ese debate "no tienen ningún recorrido" y añadió que "si hay que perfeccionar en algo la ley, se hará".